El fallo en el caso de fraude civil de Donald J. Trump determinó que el expresidente estadounidense deberá pagar US$355 millones. También se le prohíbe dirigir una empresa en el estado durante tres años.
Un juez de Nueva York dio el dictamen este viernes en el caso de fraude civil, al considerar a Donald Trump responsable de conspirar para manipular su patrimonio neto, por lo que le ordenó pagar la millonaria multa que podría acabar con todas sus reservas de dinero.
La decisión del juez Arthur F. Engoron culmina un caso que duró años, en el que el fiscal general de Nueva York llevó a juicio las fantásticas afirmaciones de riqueza de Trump. Sin jurado, el poder estaba únicamente en manos del juez Engoron, y él fue duro: el juez impuso una amplia variedad de castigos que amenazan el imperio empresarial del expresidente mientras enfrenta simultáneamente cuatro procesos penales y busca recuperar la Casa Blanca.
El juez Engoron no solo impuso una prohibición de tres años que impedía a Trump ocupar altos cargos en cualquier empresa de Nueva York, incluida la suya, sino que también aplicó ese castigo a los hijos adultos del expresidente, Donald Jr. y Eric, durante dos años, y ordenó que cada uno pague más de US$4 millones. Uno de los hijos, Eric Trump, es el director ejecutivo de facto de la Organización Trump, y el fallo arroja dudas sobre si algún miembro de la familia podrá dirigir el negocio en el corto plazo.
Trump ya había sido declarado culpable en septiembre de 2023, cuando el juez Engoron dictaminó que se había demostrado la existencia de “fraude continuado” y que la fiscalía general del Estado de Nueva York ya había demostrado que Trump y los directivos de su grupo habían “sobrevalorado” su patrimonio entre 812 millones y 2.200 millones de dólares de 2014 y 2021.
La denuncia fue hecha por la fiscal general Letitia James -un cargo equivalente a la de ministra estatal de Justicia-. Las propiedades que están en el centro de las acusaciones de la fiscal son: la superficie del apartamento del empresario en la Torre Trump, que se triplicó, y el edificio del número 40 de Wall Street se sobrevaloró entre US$200 y US$300 millones en los estados financieros.
La lujosa residencia Mar-a-Lago de la Organización Trump en Florida y varios campos de golf también aparecen en el dosier.
James había pedido una sanción de US$370 millones. De esta suma US$168 millones equivalen a los intereses extra que los prestamistas dejaron de percibir. También había solicitado prohibir la actividad de Trump en la industria de bienes raíces de Nueva York e impedirle hacer negocios en ese estado. Asimismo, pidió la suspensión de cinco años para Donald Jr. y Eric Trump, pero el juez les impuso dos.
La pena fue una victoria para la fiscal, que demandó a Trump por lo que, según ella, no eran simples fanfarronadas inofensivas, sino años de prácticas engañosas mientras amasaba la colección multinacional de rascacielos, campos de golf y otras propiedades que lo catapultaron a la riqueza, la fama y la Casa Blanca.
Semanas antes de que el juez Engoron dictara este fallo, que incluye seis demandas entre las que se encuentran falsificación de registros comerciales y falsificación, se revelaron nuevas irregularidades en la Organización Trump. Esta data se obtuvo por una auditoría externa ordenada por Engoron a finales de 2022. El informe de una exjueza federal encargada de la auditoria señaló errores tipográficos, falta de declaraciones, errores matemáticos y una incógnita acerca de un préstamo de US$48 millones entre Trump y una de sus empresas. Esto, según la auditora, “puede reflejar una falta de controles internos adecuados”.
Los abogados de Trump desmintieron el contenido de ese informe y acusaron a exjueza de “actuar de mala fe”. Además, antes de que se dictara el fallo de este viernes, habían adelantado que apelarán el veredicto.