Lejos de las luces y los micrófonos que Javier Milei atrae a su paso, la Justicia electoral avanza con al menos dos investigaciones judiciales por la presunta utilización de firmas truchas para inflar la cantidad de adhesiones y afiliados que sostienen la candidatura del libertario, según confirmaron fuentes tribunalicias a LA NACION.
Las sospechas se ciñen sobre miles de presuntos seguidores de Milei en la ciudad y provincia de Buenos Aires, destinadas a obtener el reconocimiento de los diversos partidos que pretenden llevarlo al frente de sus boletas y atraer votos de ese modo en los dos principales distritos electorales del país.
Las investigaciones centrales están en manos de María Servini y Alejo Ramos Padilla, los jueces federales con competencia electoral en la ciudad de Buenos Aires y el todo el territorio bonaerense, respectivamente, y comenzaron a mediados de 2022.
Ambos magistrados investigan las denuncias que radicó Silvana Beatriz Prino y que registraron ya las primeras verificaciones. Prino había colaborado con el Partido Libertario como una de las responsables de certificar la autenticidad de las firmas volcadas en las fichas de adhesión, pero decidió abrirse tras detectar que habrían utilizado su nombre para inflar los números y obtener el reconocimiento distrital.
Según la denunciante, colaboradores de Milei habrían recurrido a la presunta falsificación sistemática de firmas, sin fecha cierta, o, incluso, de personas fallecidas, según consta en las presentaciones judiciales, a las que accedió LA NACION.
Prino acusó a seis apoderados de conformar una supuesta asociación ilícita con fines electorales. Esto es, a Nicolás Mario Emma –presidente del Partido Libertario porteño y muy cercano a Milei-, Bruno Leandro Galleni, Alejandro Antonio Calandra Bogaz, Sergio Miguel Palahy, Lucas Gabriel Gazzotti y Juan Facundo Dominoni.
Consultado por LA NACION, un vocero de Milei calificó a Prino como una “denunciante serial”, para horas después enviar una respuesta oficial, firmado por uno de los denunciados, el vicepresidente del Partido Libertario bonaerense, Sergio Palahy.
“En estos ya 6 años desde la formación del Partido Libertario, se llevaron a cabo muchas internas con distintos resultados”, indicó Palahy. “Lamentamos que aquellos disconformes por haber perdido alguna de dichas internas, no solo hayan abandonado el espacio, sino que realicen denuncias infundadas por las cuales deberán responder ante la Justicia, a la que le confiamos la resolución de estas acusaciones con plena confianza en nuestra transparencia a la hora de realizar la ardua tarea de afiliar personas”.
En el expediente que Ramos Padilla instruye en La Plata junto a la fiscal federal Laura Roteta, en tanto, un primer análisis detectó que algunas adhesiones incluían a menores de edad, extranjeros, domiciliados en otros distritos o inhabilitados, además de falencias formales como matrículas inexistentes o fichas que carecían de lugar y fecha de las supuestas adhesiones, entre otros.
En los tribunales federales de Comodoro Py, avanzaron otro paso en el expediente que se encuentra en manos de la jueza Servini y el fiscal Ramiro González. Convocaron a Daniel Alejandro Paco, otro responsable de certificar las firmas de adhesión a la candidatura de Milei, y se repitió la situación.
Portero de profesión en la ciudad de Buenos Aires y oriundo, al parecer, de la provincia de Jujuy, Paco declaró que le habían pagado $10.000 por prestar su nombre para que otros completaran cientos de fichas de adhesión, según reconstruyó LA NACION.
“Le pagaron al certificante [por Paco], que al ser citado dijo que él no tenía nada que ver con lo ocurrido, ni con lo firmado, por lo que se le pidió que desarrollara un ‘cuerpo de escritura’ para proceder luego a completar un peritaje caligráfico que permita corroborar si fue así como declaró”, precisó una fuente de los tribunales.
Para la denunciante, la Justicia debería apuntar hacia los escalones superiores, en vez de quedarse en Paco. “Esta irregularidad fue aparentemente conocida por la cúpula del Partido Libertario”, afirmó Prino, que aportó como prueba junto a su abogada, Mariela Pérez Cesaratto, “copia de los protocolos notariales aludidos” y requirió peritajes caligráficos para determinar la eventual “falsificación de firmas”.
“Simple cotejo”
Prino detalló que ella descubrió que habrían falsificado su firma “en una cantidad importante de fichas de adhesión” y que fue expulsada del Partido Libertario “mediante una carta documento” cuando reclamó por lo ocurrido. “Del simple cotejo de firmas de mi firma con las firmas de adhesión y presentadas, y su pericia caligráfica, se obtiene simple y expeditivamente la prueba necesaria”.
Al declarar en La Plata, la propia Prino aportó un ejemplo de ese “simple cotejo de firmas”. Aportó 1069 formularios de adherentes a la formación del Partido Libertario en el territorio bonaerense, de los que afirmó estar segura de que su firma era auténtica en 300 de esos formularios. En los restantes, remarcó, dudaba de las firmas, en línea con lo que denunció en la ciudad de Buenos Aires.
Para Milei y sus colaboradores, la recolección de firmas en apoyo a su candidatura resultó un factor insoslayable para formalizar su candidatura a la Presidencia. En esa línea, un paso adelante ocurrió a fines de mayo pasado, cuando cerró un acuerdo con el Partido Demócrata, que cuenta con personería jurídica nacional desde 2019.
“La Libertad Avanza”, por el contrario, es una marca pública que no cumple, hasta hoy, con los requisitos que impone la ley para servir de estructura para una postulación presidencial, según confirmaron a LA NACION desde el entorno de Milei, falencia que explica su necesidad de tejer alianzas en distintos distritos.
Esa necesidad de sellar alianzas en todo el país –en particular con referentes o partidos tradicionales- llevó a la acumulación de cortocircuitos con militantes libertarios que se sintieron defraudados, como también a la aparición de denuncias por presuntos acosos, dudas sobre el financiamiento de campaña y malversación de aportes. Para Milei, todo eso sería “intrascendente”, según lo calificó ante la consulta de la prensa. “Hay personas que cuando no consiguen cargos o plata”, afirmó, “en ese enojo, dicen un montón de cosas”.
La letrada de Prino, en tanto, denunció en el Juzgado de Servini que su clienta y ella recibieron amenazas. Desde llamadas a mensajes por las redes sociales y la supuesta aparición de una bala en la puerta del estudio de Pérez Cesaratto, en Córdoba, por lo que se extrajeron testimonios que se remitieron a esa provincia.
Fuente: La Nación