En un fallo reciente, el juez federal Martín Cormick le dio al Ministerio de Capital Humano un plazo máximo de 48 horas para presentar un plan detallado sobre cómo se garantizará la distribución de alimentos a los comedores comunitarios. Esta decisión responde a la necesidad urgente de asegurar que las personas más vulnerables reciban el apoyo necesario en medio de una crisis económica y social.
El juez Cormick fue claro en su orden: «Dado que la resolución del 12/07/24 ha quedado firme, se intima al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar documentalmente, dentro del plazo de 48 horas, el cumplimiento de lo ordenado en el punto 2 de dicha resolución». Esta medida busca asegurar la pronta implementación de los programas de distribución de alimentos.
La resolución se enmarca en una medida cautelar emitida previamente por el juez Walter Lara Correa. Este fallo respondió a un recurso de amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes demandaron al gobierno para que garantizara el derecho a la alimentación en los comedores.
En pleno receso invernal, la justicia habilitó la feria judicial para asegurar que el fallo se cumpla sin demoras. Además, el juez Cormick ordenó que «el Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas enumerados en su presentación y que afirmó están vigentes», asegurando así la continuidad de los mismos.
La sentencia también contempla la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional revise y audite los programas existentes, e incluso cree nuevos programas complementarios siempre que estos representen mejoras en la distribución y acceso a los alimentos.
Esta decisión judicial llega en un momento crítico para muchos ciudadanos que dependen de los comedores comunitarios para su alimentación diaria. La pronta respuesta del gobierno será crucial para evitar una mayor crisis alimentaria en el país.