El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Walter Correa, le ordenó al Gobierno este viernes que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, continúe con la entrega de alimentos a comedores.
Esta sentencia fue resultado de un amparo que presentó la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que lidera el dirigente social Juan Grabois.
El fallo le pidió a la administración libertaria que “garantice el abastecimiento adecuado de alimentos de los grupos vulnerables” y que se informe mensualmente sobre los programas de distribución de comida.
De esta manera, el juez le requirió a Pettovello “acompañar todos los convenios suscriptos por el Ministerio de Capital Humano con los distintos estamentos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de todos los programas alimentarios vigentes con las distintas jurisdicciones, informar la parte demandada las políticas públicas que ejecuta en coordinación con los estados provinciales, en este sentido, detalle en qué consiste la intervención de cada una de las jurisdicciones en la ejecución de las acciones positivas, identificando la cantidad de personas alcanzadas y toda la información que considere pertinente para ilustrar sobre lo requerido e informar las decisiones que se adopten en el seno del Consejo Federal de Desarrollo Social vinculadas y atinentes al derecho a la alimentación”.
El origen de la demanda
La sentencia responde a una demanda del CELS en representación de comedores y merenderos que en estos meses no recibieron ningún tipo de asistencia alimentaria por parte del Gobierno. A su vez, la cartera de Pettovello deberá “presentar mensualmente un informe que de cuenta sobre el grado de realización de los objetivos previstos por las políticas públicas en materia de alimentación, identificando la cantidad de personas alcanzadas por las políticas públicas, detallando el comedor y/o merendero y su ubicación geográfica”.
En diciembre, la cartera de Capital Humano decidió auditar el sistema de comedores para eliminar a los “intermediarios”, en alusión a las organizaciones sociales. Así, se cambió el sistema de asignación de fondos, lo que aún está en proceso. Esto ocasionó el cierre de cientos de comedores en el país porque se cortó la asistencia de alimentos. Más adelante, se reactivó la distribución de la mercadería en manos del Gobierno a través de organizaciones religiosas tras varias demandas y allanamientos por alimentos retenidos en depósitos.
Fuente: La Gaceta