La Justicia ordenó una medida de protección a la intendenta Rossana Chahla, luego de las amenazas de muerte y de violencia contra su persona.
En el marco de protestas por el despido de «ñoquis» de la Municipalidad, los ataques contra Chahla fueron denunciados penalmente, y se instruyeron causas contra varias personas.
La Justicia emitió la restricción de acercamiento a Manuel Velarde, Cecilia Contreras, Marcelo Sotelo, Julio Ricardo Rocha y Valeria Amaya.
En se sentido, se le ordenó a la Comisaría Seccional Segunda que tome las medidas pertinentes para prestar especial actividad de prevención en distintos puntos de Barrio Sur.
La Justicia determión que «en autos se plantea un hecho presuntamente delictivo el cual, según surge de dichos actuados, podría producir mayores consecuencias sobre la integridad de la víctima y denunciantes».
En tal sentido el artículo 11 prescribe que “La víctima, sin perjuicio de otras disposiciones de este Código, tiene derecho a la protección integral de su persona, su familia, sus bienes frente a las consecuencias del delito»,
Se señala además que «el nuevo Código Procesal Penal otorga a este Ministerio Público Fiscal nuevas herramientas tendientes a dinamizar el sistema social de gestión de la conflictividad, estableciendo como norte la solución del conflicto primario y la armonización entre las partes lo que conlleva como corolario una cuota de pacificación en la sociedad».