El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni tendrá por los menos las dos semanas que dura la feria judicial de invierno para preparar las explicaciones que deberá dar a la Justicia.
La fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita recibió hoy al filo de comenzar la feria judicial el informe de la DAFI, y así se completó la primera parte de la investigación que culminará con el requerimiento de justificación patrimonial.
El requerimiento, que implica la convocatoria de Adorni a explicar las inconsistencias detectadas, será firmado en agosto luego de la feria judicial y una vez evaluado en profundidad el informe del organismo especializado.
Entre las últimas medidas dispuestas por el fiscal está el pedido a la DAFI, para que elabore un informe integral sobre la evolución patrimonial y financiera de Adorni y su esposa Betina Angeletti.
Si bien no trascendieron detalles, el informe no es favorable a Adorni, informaron fuentes de la investigación.
Del 20 al 31 de julio es la feria judicial de invierno, y la actividad vuelve a la normalidad el 3 de agosto. Para esa fecha, se estima que Pollicita dará a conocer el requerimiento para que Adorni justifique sus bienes.
Si las explicaciones no convencen, entonces el fiscal le pediría al juez Ariel Lijo, a cargo de la causa, que lo cite a prestar declaración indagatoria.
Las pruebas de la causa contra Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito
La causa ya sumó numerosa prueba, gastos que superan los 400 mil dólares, deudas por 335 mil dólares, consumos con tarjetas de crédito propias y con los plásticos que le facilitaban funcionarios y amigos del área de Comunicación del Gobierno.
Pasaron por la fiscalía varios testigos que lo comprometieron, entre ellos uno clave: el contratista Matías Tabas que refaccionó la casa de Indio Cuá, y de cuyo teléfono apareció prueba determinante.
En el expediente figuran compras, gastos millonarios en viajes y adquisiciones lujosas como la ropa blanca por 8 millones de pesos, una cascada para la pileta de la casa en el country y proyectores para videojuegos.
La fiscalía también recibió respuestas de plataformas virtuales de criptomonedas en las que Adorni tuvo cuentas, Binance y Lemon Cash.
Los hallazgos llevaron a los investigadores a la hipótesis que desde que llegó a la función pública en diciembre de 2023, Adorni comenzó una vida muy por encima del estándar al que estaba acostumbrado antes de ser designado como vocero presidencial.
Ante los medios, Adorni aseguró que su patrimonio proviene de «ahorros en negro» previos a la función pública, ganancias por inversiones en Bitcoin desde 2012 y dinero heredado.
Pero ante la justicia deberá explicar punto por punto el requerimiento que el fiscal está preparando.