La situación judicial de Cristian «Pity» Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la fiscalía solicitara formalmente que se reactive el proceso penal en su contra. El pedido apunta a que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados sea llevado a juicio oral por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.
La solicitud fue presentada por los fiscales Sandro Abraldes y Micaela Sagretti ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29. En su planteo, sostienen que las condiciones que habían motivado la suspensión del juicio ya no se mantienen vigentes, a partir de una evolución favorable en el estado de salud mental del imputado.
Durante años, el avance de la causa estuvo condicionado por los informes médicos que indicaban que el músico no estaba en condiciones de afrontar un proceso judicial. Sin embargo, los nuevos peritajes sugieren que Álvarez ahora podría comprender las acusaciones en su contra y participar activamente de su defensa, aunque continúe bajo tratamiento.
En su dictamen, el Ministerio Público Fiscal también remarcó la importancia de garantizar el derecho de las víctimas a obtener una respuesta judicial. En ese sentido, consideraron que el avance hacia el juicio oral resulta necesario tanto para la familia de Díaz como para el interés general de la sociedad.
El hecho por el que se lo acusa se remonta a la madrugada del 12 de julio de 2018, frente a la Torre 12 del barrio Samoré. Según la investigación, Álvarez habría disparado en cuatro oportunidades contra Díaz tras una discusión. Luego del ataque, se deshizo del arma y escapó del lugar, aunque horas más tarde se entregó ante las autoridades.
A partir de este nuevo escenario, será el tribunal el encargado de evaluar los informes médicos recientes y determinar si corresponde fijar una fecha para el inicio del juicio. La decisión será clave para definir el futuro judicial del músico, en una causa que lleva años sin avances concretos. Por su parte, la querella que representa a la familia de la víctima ha insistido en reiteradas ocasiones en la necesidad de que el proceso llegue finalmente a una instancia de definición.