La asfixia que sufren las familias por los elevados niveles de endeudamientos para afrontar gastos corrientes mantiene en alerta al Gobierno provincial. Más de 257.000 familias tucumanas tienen deudas en situación irregular, según el informe Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con datos del Banco Central (BCRA). El incumplimiento alcanza casi el 19% -por encima de la media nacional-, lo que ubica a Tucumán como el sexto distrito con mayor deuda.
En ese contexto, en la Legislatura tucumana se barajan posibilidades para intentar avanzar con un salvataje. Hay más de media docena de proyectos bajo estudio para arrojar un salvavidas a las personas que se encuentran ahogadas, en situación de mora. Muchas de las iniciativas apuntan a auxiliar a los empleados públicos de la provincia. Y si bien se había contemplado la posibilidad de que este tema sea incluido en el orden del día de la sesión del miércoles 30, fuentes parlamentarias confiaron en que se aplazaría para el siguiente debate (sería el jueves 8 de octubre) con la intención de intentar incluir también facilidades para trabajadores del sector privado.
Hay propuestas que son impulsadas por parlamentarios del oficialismo o aliados, como Gerónimo Vargas Aignasse, Carlos Gallia, Alberto Olea o Ernesto Gómez Gómez Rossi; de la oposición, como la radical Silvia Elías de Pérez; o de bloques que hoy son mixtos, como Compromiso Tucumán, con las firmas de Alfredo Toscano, Claudio Viña o Rolando Alfaro. En general, los proyectos tienen como objetivo central abordar la problemática del sobreendeudamiento de los hogares y proteger el salario de carácter alimentario de las familias tucumanas. Se busca, entre otras cosas, reducir el costo del crédito, facilitar la refinanciación de deudas de consumo básico (como tarjetas y préstamos) y brindar educación e información financiera clara.
Para empleados públicos
Una de las propuestas que se estudia es justamente la que propone Toscano, para crear un régimen especial de financiamiento de deudas crediticias para empleados de la administración pública provincial, entes cuyos ingresos sean de hasta seis salarios mínimos, con tasa cero para cancelar saldos de tarjetas de crédito del Banco Macro (agente financiero de la Provincia), con un tope de retención salarial del 25%. Se fundamentó que la iniciativa busca evitar que las elevadas tasas de interés actuales agraven la situación de mora, de manera que el banco absorba el costo financiero de estas cuotas como una medida de alivio social directa ya que se registra un uso creciente del crédito para la compra de alimentos.
La iniciativa de Vargas Aignasse, por su parte, propone la creación del régimen de protección del salario frente al sobreendeudamiento para empleados públicos. Su objetivo central es resguardar el carácter alimentario del haber regulando las condiciones administrativas para utilizar el sistema estatal de descuento directo por planilla. Propone un tope de costo financiero total equivalente a la inflación interanual más 10 puntos porcentuales, y fija un límite de afectación salarial máxima del 30% del haber neto.
Incluir al privado
La propuesta de Olea, en tanto, impulsa la creación del Programa Tucumán de Alivio y Desendeudamiento Personal para residentes con ingresos de hasta 10 salarios mínimos. A diferencia de las otras iniciativas, alcanza a empleados del sector público y privado, monotributistas, autónomos, jubilados y pensionados. Su eje principal es la creación de una línea crediticia preferencial para consolidar deudas preexistentes mediante transferencia directa a acreedores. Fija una tasa nominal anual máxima del 35%, plazos de hasta 36 meses y cuotas no superiores al 25% del ingreso neto. Asimismo, prevé asesoramiento interdisciplinario gratuito y promueve campañas de educación financiera, algo que también proponen otras de las iniciativas.
Propuestas externas: acercan alternativas por sobreendeudamiento
La Unión de Usuarios y Consumidores y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentaron dos proyectos de ley para atacar la mora. Por un lado, se instituye el Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores y Usuarios: crea un procedimiento administrativo gratuito de reestructuración de deudas, con audiencias conciliatorias destinadas a convenir quitas, plazos de gracia o reducciones de tasa. El segundo proyecto modifica la Ley N° 8.365 para crear la Red Provincial de Puntos de Atención a Consumidores y Usuarios, que descentraliza la atención pública en 19 municipios y 93 comunas rurales.
Fuente: La Gaceta