La Legislatura de Tucumán debate este jueves la creación de un sistema provincial de alerta temprana y gestión integral del riesgo. El proyecto busca coordinar la prevención, la respuesta y la recuperación ante inundaciones, incendios y otros desastres en todo el territorio.
La iniciativa fue elaborada por la Comisión Especial de Emergencia Hídrica y propone articular el trabajo del Gobierno provincial con los municipios, las comunas rurales y los organismos que intervienen durante las emergencias.
El esquema se encuentra alineado con la Ley Nacional 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil.
Uno de sus componentes centrales es la adopción de cuatro niveles de alerta identificados por colores: verde, amarillo, naranja y rojo. Cada categoría definirá las medidas preventivas y operativas que deberán aplicarse según la gravedad de la situación.
El texto establece que los avisos oficiales sean difundidos masivamente mediante plataformas tecnológicas, con el objetivo de que la población reciba información clara y oportuna.
El proyecto también contempla la creación de un Registro Provincial de Recursos Materiales y Logísticos para Emergencias.
En esa base deberán inscribirse las maquinarias, los vehículos, los equipos de comunicación, los centros operativos, los refugios y los insumos estratégicos disponibles en la provincia.
Además, se conformará un Padrón Provincial de Personal de Emergencia y Voluntariado. Estará integrado por representantes municipales y comunales, técnicos de organismos públicos, bomberos y voluntarios previamente acreditados.
La sesión será presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo y tendrá carácter especial extraordinario. Será el primer debate legislativo de este tipo desde el inicio de la carrera política hacia las elecciones provinciales de 2027.
El orden del día contiene solamente seis puntos. Entre ellos aparece el convenio firmado por el Gobierno de Osvaldo Jaldo y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, encabezada por Rossana Chahla, para financiar una obra de desagües pluviales en el barrio 360 Viviendas.
El acuerdo prevé que la Provincia aporte $ 700 millones, equivalentes al 50% del costo del proyecto.
La agenda incluye además dos iniciativas relacionadas con el Digesto Jurídico provincial.
Al cumplirse un año de la sanción de la Ley 9.924, la Legislatura realizará una actualización y depuración de las normas aprobadas hasta diciembre de 2025.
Durante una actividad por el aniversario de ese trabajo, el comité presidido por Carolina Vargas Aignasse anunció que buscará revisar anualmente el conjunto de leyes que regula el funcionamiento de Tucumán.
El mismo organismo, denominado Comité de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa, presentó una propuesta para crear el Sistema de Monitoreo Post Legislativo.
La herramienta permitirá analizar qué ocurre con las leyes después de su aprobación y establecer si cumplen efectivamente los objetivos que justificaron su sanción.
El sistema deberá verificar si las normas fueron reglamentadas y aplicadas correctamente. También evaluará sus efectos sociales, económicos, institucionales y ambientales.
Otro de sus propósitos será detectar obstáculos, incumplimientos o vacíos durante la implementación. Cuando resulte necesario, el monitoreo podrá derivar en propuestas para modificar, actualizar o derogar leyes y mejorar el marco normativo provincial.
Fuente: Contexto