En sesión ordinaria presidida por el vicegobernador y titular de la Legislatura, Miguel Acevedo, el cuerpo parlamentario aprobó este jueves un proyecto de ley mediante el cual se crea un Régimen de Ficha Limpia en la provincia de Tucumán.
La normativa surge del estudio conjunto de seis iniciativas —incluido un proyecto del Poder Ejecutivo—. Entre sus principales disposiciones, establece causales de inhabilitación para personas con sentencia condenatoria confirmada en instancia revisora y crea un Registro Público Provincial de Ficha Limpia, de acceso abierto y gratuito, que permitirá fortalecer los mecanismos de control y la transparencia institucional.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, Carolina Vargas Aignasse, destacó que “Tucumán tiene ley de ficha limpia, acompañando a otras provincias de la Argentina”. En ese sentido, explicó que la norma “establece las inhabilitaciones para ser candidato a cargos electivos y también para ocupar cargos de designación con alto nivel de responsabilidad”, incluyendo delitos dolosos graves con penas superiores a tres años, así como figuras contempladas en leyes especiales, como trata de personas, genocidio y deudores alimentarios.
Además, subrayó que la ley incorpora herramientas de participación ciudadana: “Se crea el Registro Público Provincial de Ficha Limpia y se habilita a ciudadanos y entidades a impugnar candidaturas o designaciones cuando existan causales previstas en la ley”. La legisladora señaló que la iniciativa responde a una demanda social creciente por mayor transparencia y afirmó que busca “recuperar la confianza de la ciudadanía”, aclarando que el nuevo régimen se suma a requisitos ya vigentes, como la presentación de certificados de antecedentes, pero eleva los estándares éticos mediante la exigencia de condenas confirmadas en doble instancia.
Desde la oposición, el legislador Agustín Romano Norri consideró que se trata de “una deuda pendiente de la política con el pueblo tucumano” y valoró el consenso alcanzado. Señaló que la ley constituye “un paso adelante para que toda la política dé el ejemplo”, al abarcar no sólo cargos electivos sino también funciones ejecutivas en distintos niveles del Estado provincial y municipal.
Por su parte, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse calificó la jornada como “un día muy importante” y sostuvo que la norma posiciona a Tucumán entre las provincias con regulaciones más exigentes en la materia. Destacó que el dictamen consensuado amplía el alcance del régimen “hasta cargos de subdirección” e incorpora una amplia tipificación de delitos, con el objetivo de “elevar el estándar ético y establecer un filtro para el acceso a la función pública”. En esa línea, remarcó que la iniciativa es resultado de un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y legisladores de diferentes espacios políticos, y que apunta a “reconstruir el vínculo de confianza con la sociedad”.
La ley también prevé la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas por parte de quienes aspiren a cargos públicos, la actualización permanente del registro con información judicial y la posibilidad de impugnación por parte de la ciudadanía, consolidando un esquema institucional orientado a fortalecer la transparencia, el control social y la calidad democrática en la provincia.