La Legislatura de Tucumán se reunirá este viernes en sesión especial para elegir al nuevo titular de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, y todo indica que el cargo quedará en manos de Agustín Fernández, quien cuenta con el respaldo político del gobernador Osvaldo Jaldo y del bloque oficialista.
La convocatoria fue confirmada por el vicegobernador Miguel Acevedo, quien precisó que la sesión comenzará a las 9 y tendrá como único punto en el orden del día la designación del Ombudsman provincial. El proceso de selección se inició con 45 postulantes y se redujo a una terna integrada por Agustín Fernández, José Antonio Alcaraz y Claudia Isabel Boyanovsky, tras las evaluaciones realizadas por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Acuerdos.
Aunque formalmente la votación se realizará en el recinto, en el oficialismo dan por descontado que Fernández reunirá los votos necesarios para ser proclamado como nuevo Defensor del Pueblo. Su trayectoria política y su alineamiento con el espacio que conduce Jaldo consolidaron los consensos internos dentro del peronismo tucumano, lo que le otorga una ventaja decisiva frente a los otros candidatos.
Fernández es licenciado en Ciencias Políticas por la UNSTA y fue diputado provincial entre 2019 y 2023, período en el que presidió el bloque Independencia, alineado con el actual gobernador. Anteriormente fue concejal e intendente de Aguilares durante tres mandatos consecutivos, lo que le permitió construir una estructura territorial y vínculos políticos que hoy se reflejan en el respaldo legislativo.
Desde el oficialismo remarcan que el procedimiento cumplió con las exigencias establecidas por la Ley N° 6.644 y por la Constitución provincial. Las entrevistas a los postulantes ya fueron realizadas y la terna quedó oficialmente habilitada para la votación definitiva.
La Defensoría del Pueblo de Tucumán es el organismo encargado de la defensa, protección y promoción de los derechos humanos e intereses individuales y colectivos frente a actos u omisiones de la administración pública provincial y municipal, así como de los prestadores de servicios públicos. El titular del organismo actúa con autonomía funcional y puede iniciar investigaciones, requerir documentación e intervenir ante situaciones que afecten derechos constitucionales.
De confirmarse la elección de Fernández este viernes, el oficialismo provincial consolidará una posición clave dentro de la estructura institucional de control del Estado, en un año atravesado por tensiones entre Nación y provincias y por un escenario político que ya comienza a proyectarse hacia 2027.