Desde las 8:25 de hoy, comenzó una nueva etapa en el juicio político contra la jueza Carolina Ballesteros, con la primera de seis audiencias destinadas a la presentación de pruebas testimoniales. A lo largo de estos días, hasta el miércoles próximo, un total de 57 testigos propuestos por las partes comparecerán en la sala ubicada en el tercer piso de la Legislatura.
El jurado está presidido por la vocal de la Corte Suprema de Justicia, Eleonora Rodríguez Campos, e integrado por Javier Morof (en representación del Poder Ejecutivo), Silvia Peyracchia (por el Colegio de Abogados) y los legisladores Jorge Leal, Sara Lazarte, Tomás Cobos, Alberto Olea y Rolando Alfaro.
Además, la comisión de Juicio Político estuvo representada en la jornada de hoy por su vicepresidente primero, Aldo Salomón, junto a los legisladores Rodolfo Ocaranza, Mario Leito, Francisco Serra, Claudio Viña y Carlos Eduardo Verón Guerra.
En esta primera jornada, prestaron declaración testimonial de manera presencial cinco testigos de los 30 previstos: Lucrecia Lugones, Matías Galiano, Silvina Ojeda Tiberi, Daniela Briz Tomás y Esteban Alderete Toro, todos funcionarios del Ministerio Público Fiscal.
Ballesteros, quien integra el Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital, enfrenta este proceso a raíz de una denuncia presentada por el abogado Mario Leiva Haro. La acusación, avalada por la comisión de Juicio Político, sostiene que la magistrada habría incurrido en conductas contrarias a la función judicial, desatendiendo los deberes propios de su cargo.
En rueda de prensa, el legislador Dr. Rodolfo Ocaranza sostuvo: “Hay tres cargos en contra de la doctora Ballesteros que han sido aceptados en el juicio. Estos testigos corresponden a un primer grupo de pruebas testimoniales sobre el cargo 1. Este primer grupo de testigos es la mitad de los citados para ese cargo, que está vinculado a la inhibición del doctor Zapata y del doctor López Bustos, así como a incidentes con miembros de la Fiscalía. Ustedes han podido presenciar que los dichos de los testigos, que ya constaban en el expediente, han sido ratificados, abonados y, en algunos casos, ampliados, brindando sus percepciones personales sobre estos hechos».
Cabe destacar que este juicio político se enmarca dentro del deber de la Legislatura de supervisar y controlar la actuación de los funcionarios públicos, garantizando que su accionar responda al interés general. La próxima audiencia está programada para el jueves 6 de febrero a las 8:15, donde se espera que más testigos brinden sus declaraciones ante el jurado.