La Legislatura de Tucumán comenzó a analizar un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificaciones al régimen tributario provincial, especialmente en lo vinculado al impuesto de sellos, las operaciones inmobiliarias, fideicomisos y donaciones. La iniciativa surge en medio de cuestionamientos por el impacto que tuvo la actualización de los valores catastrales aplicada desde diciembre de 2025, medida que elevó costos de escrituración y provocó una marcada retracción en el mercado.
El presidente del Colegio de Escribanos de Tucumán, Fabián Navarro de Zavalía, reconoció que el nuevo esquema generó consecuencias directas sobre la actividad. Señaló que el valor catastral utilizado desde fines del año pasado resultó muy superior a la valuación fiscal tradicional y que, en numerosos casos, se acercó al precio real de mercado de los inmuebles e incluso lo superó.
Según explicó, esa situación encareció notablemente las escrituras y derivó en una disminución de operaciones, aunque evitó precisar cifras concretas. Sin embargo, estimaciones extraoficiales mencionadas en el sector ubican la caída entre el 67% y el 70% en lo que va de 2026.
El escribano sostuvo que no corresponde hablar de una corrección, sino de un perfeccionamiento del sistema tributario. En ese sentido, indicó que la legislación aprobada anteriormente se concentró en la regla general, sin contemplar situaciones excepcionales que ahora buscan resolverse.
Navarro de Zavalía remarcó que el Colegio de Escribanos no impulsó cambios puntuales, sino que expuso ante el Gobierno provincial las asimetrías detectadas en la práctica diaria. También valoró la respuesta oficial y expresó su expectativa de que la nueva ley sea aprobada rápidamente.
Uno de los puntos centrales del proyecto oficial es la modificación de la base imponible para calcular el impuesto de sellos en transferencias inmobiliarias. Actualmente, el tributo se determina según la valuación fiscal o el precio convenido entre las partes. Con la nueva propuesta, se tomará como referencia el valor catastral vigente con una reducción del 30%, o el precio pactado si fuera superior.
Desde la Casa de Gobierno señalaron que la medida apunta a evitar que las operaciones inmobiliarias resulten excesivamente costosas y a aliviar la carga tributaria para compradores y vendedores.
Otro aspecto destacado es la ampliación de exenciones para la vivienda familiar única y de ocupación permanente. El beneficio alcanzaría a escrituras traslativas de dominio, boletos de compraventa y créditos hipotecarios destinados a compra, construcción o ampliación de inmuebles con ese destino.
Además, la iniciativa incorpora una exención específica para donaciones de bienes inmuebles siempre que no exista contraprestación ni condiciones que alteren el carácter gratuito del acto. El beneficio abarcaría transferencias entre cónyuges, familiares directos y colaterales hasta segundo grado, así como sociedades integradas exclusivamente por esos mismos miembros.
Navarro de Zavalía afirmó que estos cambios podrían impulsar nuevamente la actividad notarial. Indicó que actos como donaciones inmobiliarias o sustituciones fiduciarias se habían vuelto prácticamente inviables por el fuerte incremento del impuesto de sellos.
También sostuvo que las modificaciones favorecerían especialmente a sectores de menores recursos, al facilitar la escrituración de viviendas y el acceso a créditos bancarios.
El debate legislativo se da en un contexto complejo para el mercado inmobiliario. Desde el sector explicaron que la prolongada inflación, la pérdida del ahorro, la escasa oferta crediticia y el enfriamiento económico ya venían afectando las operaciones, situación que terminó profundizándose con el nuevo esquema impositivo.
En paralelo, surgieron críticas más severas desde ámbitos especializados. El abogado Francisco De Rosa, dedicado al derecho inmobiliario y fideicomisos, sostuvo que escriturar en Tucumán se transformó en un lujo y advirtió que cuando cumplir la ley se vuelve demasiado caro, la informalidad deja de ser una elección para convertirse en una consecuencia.
El letrado cuestionó que la Provincia haya reemplazado las antiguas valuaciones fiscales por estimaciones cercanas a valores de mercado sin modificar la alícuota del 2%, lo que, a su criterio, generó un aumento desmedido de la carga tributaria.
Como ejemplo, señaló que un departamento tipo en barrio Norte valuado en U$S 100.000 pasó de pagar alrededor de $400.000 a unos $ 2.200.000 en concepto de sellos. En tanto, una vivienda en Yerba Buena tasada en U$S 150.000 podría afrontar una carga cercana a $ 4.350.000.
Para De Rosa, el nuevo proyecto representa un reconocimiento implícito de que el sistema anterior fue excesivo, aunque consideró que las modificaciones planteadas no resuelven de fondo el problema.
La comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura tenía previsto iniciar el tratamiento formal de la propuesta, en una discusión que promete convertirse en uno de los ejes políticos y económicos de las próximas semanas en Tucumán.
Fuente: Contexto