La diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica-ARI) advirtió sobre las graves falencias que presenta la ley de salud mental vigente en Argentina y el impacto directo que tiene sobre el sistema de atención, los pacientes, las familias y el personal médico. Además, en diálogo con Radio Rivadavia, reveló que presentó un proyecto para declarar la emergencia en salud mental y que recibió el apoyo de legisladores de todos los bloques, incluso del kirchnerismo.
“Esta ley dejó abandonado al paciente, porque quien está en medio de un brote psicótico o de un consumo problemático no puede decidir por sí mismo, tiene su voluntad viciada. Y también a los familiares, que no pueden hacer nada para ayudar”, explicó Campagnoli.
Uno de los puntos más cuestionados de la legislación es la dificultad para concretar internaciones involuntarias. “El riesgo tiene que ser cierto e inminente, pero si el riesgo es cierto ya no es riesgo, es un hecho. ¿Qué significa riesgo cierto e inminente? Que tenga un cuchillo en la mano y esté por atacar. Eso es como esperar que una persona esté en pleno infarto para actuar”, señaló.
La diputada relató casos concretos que ilustran las consecuencias de esta rigidez legal. Uno de ellos, la historia de una madre que logró judicializar la internación de su hijo adicto y en situación de calle, pero al día siguiente fue dado de alta porque no quería estar internado. Otro, el caso del crimen del cabo Roldán, asesinado por un hombre con trastornos mentales que nunca fue internado, a pesar de los reiterados pedidos de su hermano.
Además, Campagnoli denunció que la ley se aprobó sin haber consultado a la Asociación Argentina de Psiquiatría ni a la Facultad de Medicina, y que se inspiró en modelos aplicados en países europeos con realidades muy diferentes. “Se basaron en la experiencia de Trieste, en el norte de Italia, pero eso funciona en comunidades pequeñas, con otra estructura social y sanitaria. Acá nunca se asignó el presupuesto necesario”, lamentó.
Desde su implementación, la norma prohíbe los institutos monovalentes (clínicas especializadas en salud mental), lo que provocó un retroceso dramático en la infraestructura disponible. “Antes había 26 clínicas psiquiátricas habilitadas en la Ciudad de Buenos Aires, hoy quedan solo 7. El resto tuvo que cerrar o reinventarse para no quedar afuera del sistema”, indicó.
Situación grave y esperanza en el Congreso
La situación se agrava aún más en el interior del país. “Hay lugares como San Pedro que no tienen psiquiatras. Me decían que viene uno por mes, cuando la ciudad tuvo 38 suicidios en un año. Es la segunda causa de muerte entre los jóvenes en Argentina”, advirtió Campagnoli, haciendo hincapié en la necesidad urgente de psiquiatras infantojuveniles.
La diputada también hizo referencia al desinterés creciente por la especialización en psiquiatría. “Hace unos años se anotaban 140 médicos por año en las residencias. Hoy apenas 6. Y no es porque haya menos vocación, sino porque esta ley estigmatiza a los psiquiatras, los trata como torturadores”, denunció.
Consultada sobre la posibilidad real de reformar la ley, Campagnoli se mostró esperanzada. “Presenté un proyecto para declarar la emergencia en salud mental y me lo firmaron legisladores de todos los bloques. Mi objetivo es modificar al menos tres artículos clave: el que impide las internaciones involuntarias, el que no jerarquiza al psiquiatra y el que prohíbe los institutos especializados”, detalló.
A su vez, destacó la responsabilidad del Estado en garantizar recursos. “Dinero hay. El problema es establecer prioridades. No puede ser que el presidente quiera un país sin médicos, sin salud pública, sin investigación científica ni educación”, criticó, haciendo referencia también a la crisis que atraviesan especialidades como la pediatría por la falta de incentivos y remuneraciones adecuadas.
Campagnoli también remarcó el trabajo que viene realizando desde el Congreso para visibilizar el problema. “El 29 de abril hice una jornada con tres paneles: uno con familiares y personas con trastornos mentales, otro con especialistas, y uno judicial. Y el 3 de julio haremos otra, junto a UNICEF, sobre salud mental adolescente. Es un tema urgente que atraviesa a toda la sociedad”, concluyó.