La Libertad Avanza procurará hoy cerrar un acuerdo con los bloques aliados para poder sesionar este jueves, con el objetivo de convertir en ley las reformas de la Carta Orgánica del Banco Central y del régimen de Zonas Frías, dos iniciativas consideradas claves para el Gobierno nacional.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, avanzó ayer con las negociaciones con los bloques dialoguistas, aunque aún persistían algunas dudas en LLA por la resistencia de algunos aliados a votar el texto aprobado en Diputados sobre el BCRA.
También había un principio de consenso para incluir en el temario el dictamen sobre el Mercado Voluntario de Carbono, aunque persistían diferencias entre los autores de los proyectos por un cambio introducido por la senadora salteña Flavia Royón, que es rechazado por la misionera Sonia Rojas Decut.
El temario de la sesión se terminará de acordar en una reunión de Labor Parlamentaria que se realizará a las 14, según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia de Noticias Argentinas.
De todos modos, la iniciativa que generaba mayores diferencias entre los legisladores era la de Zonas Frías, con fuertes enfrentamientos entre los senadores del norte del país y aquellos cuyos distritos cuentan actualmente con este régimen y podrían perderlo con la nueva ley.
La iniciativa incorporó a más de un millón de personas de 90 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis, que comenzaron a recibir el beneficio cuando se amplió el régimen de Zonas Frías en 2021.
Ahora, el proyecto divide transversalmente a los bloques, ya que no solo los aliados de Salta, Catamarca, Corrientes y Misiones podrían aprobar la iniciativa, sino que también podrían sumarse algunos senadores peronistas.
Las provincias del norte tienen el compromiso del Gobierno de establecer un subsidio en las tarifas de electricidad para esos distritos durante los meses de verano, a cambio de acompañar la iniciativa, que le permitirá al Gobierno reducir el costo de los subsidios en unos 272 millones de pesos.
En cambio, el proyecto es rechazado de plano por los radicales mendocinos, Rodolfo Suárez y Mariana Juri, el bonaerense Maximiliano Abad y el pampeano Daniel Kroneberger, además de la mayoría del bloque del PJ.
Qué dice la ley de Zonas Frías
El proyecto establece que el subsidio se mantendrá únicamente para los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna.
También conservarán el beneficio los hogares inscriptos en el ReNaBaP, los veteranos de Malvinas y aquellos hogares con familiares que tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
En cambio, perderán el subsidio las ciudades que incorporaron el beneficio en 2021 de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis.
Otro punto clave es que el descuento se aplicará sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, una modificación que también es rechazada por varios legisladores opositores.
Las personas que pierdan el subsidio por Zona Fría podrán gestionar una rebaja en las tarifas si acreditan ingresos de hasta tres canastas básicas para un hogar tipo 2, que actualmente se ubican en unos 4,8 millones de pesos.
Banco Central
La Libertad Avanza y los bloques aliados de la UCR, el PRO y espacios provinciales respaldan los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central, que prohíben la asistencia financiera a la Nación y a las provincias.
Sin embargo, algunos aliados rechazan que la remoción de los directores del organismo deba ser aprobada por una mayoría de dos tercios del Congreso.
El punto que genera resistencia
La reforma modifica el mecanismo de designación de los directores del Banco Central.
Mientras que actualmente su nombramiento es una atribución del Senado, la iniciativa establece que deberán contar con el respaldo de ambas cámaras del Congreso.
De esta manera, el proyecto contempla una designación por mayoría parlamentaria y establece que la remoción requerirá una mayoría agravada de dos tercios.
Actualmente, la Carta Orgánica establece que la remoción de un director puede ser dispuesta por decreto del Poder Ejecutivo por razones de mala conducta o incumplimiento de los deberes del cargo, previo dictamen de una comisión especial del Congreso.