En la Justicia hay dudas de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pueda justificar su patrimonio, en la causa por enriquecimiento ilícito que llevan adelante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita.
La estrategia del funcionario fue presentar una declaración jurada realizada por contadores, con supervisión de su abogado, documento que la Justicia dejó trascender que le resulta insuficiente, que se trata de “un dibujo”.
El funcionario deberá probar con documentación sus declaraciones, en las que dijo que parte de su patrimonio proviene de ganancias obtenidas con inversiones en criptomonedas junto a su esposa.
La situación del funcionario es muy complicada, porque tendrá que justificar su patrimonio, como el origen de los US$200.000 que dijo que invirtió en criptomonedas junto a su pareja, por el que ganaron, según su versión, US$300.000 entre 2014 y 2018. El funcionario también reconoció que se trataba de ahorros “de toda la vida, en negro”. Entre las justificaciones deberá presentar las claves de acceso a las cripto, y demostrar si eran de él.
El fiscal trabaja en una medida clave para avanzar con a invstigación: el requerimiento de justificación de bienes de Adorni, una instancia previa a un eventual llamado a indagatoria, que solo se concretará en el caso de que el jefe de Gabinete no pueda probar su crecimiento patrimonial.
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La redacción de este escrito, que está casi listo, avanzado, tiene más de 150 páginas. Previo a la concreción de este procedimiento se deben analizar las declaraciones juradas del funcionario, que incluyen rectificativas de presentaciones anteriores. Sumado a la declaración de carácter reservado, donde deben figurar, por ejemplo, todos los detalles para acceder a las cripto en cuestión. Declaración que todavía el funcionario no presentó.
La semana pasada, Pollicita dispuso una nueva batería de medidas de prueba en la investigación que analiza la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, como anticipó TN, con el pedido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que informe si el funcionario y su esposa presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas correspondientes a los períodos fiscales 2023, 2024 y 2025. En caso afirmativo, requirió que sean remitidas de manera urgente a la fiscalía, además de las declaraciones presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA).
El fiscal solicitó además que las declaraciones juradas patrimoniales integrales de carácter público correspondientes a esos ejercicios sean incorporadas al análisis patrimonial que viene realizando la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).