La cifra es impactante. Tabacalera Sarandí, la empresa de Pablo Otero, más conocido como el Rey del Tabaco, acumuló en cinco años una deuda de 1.060 millones de dólares con la AFIP gracias a las cautelares que le habilitó la Justicia y que le permitieron no pagar el impuesto mínimo a los cigarrillos. El dato, que Clarín corroboró en base a fuentes oficiales y documentos del organismo, corresponden al periodo que va desde enero de 2018 a marzo de 2023 por lo que la deuda podría ser mucho mayor. Según especialistas en impuestos y el mercado del tabaco si el monto adeudado se actualizara hasta hoy habría que agregarle unos 150 millones de dólares extra.
Otero consiguió evitar el pago de impuestos con una agresiva estrategia judicial que consistió en presentar cautelares en los tribunales. Su argumento era que el impuesto mínimo al tabaco era expropiatorio e inconstitucional. Tabacalera Sarandí sostuvo en la Justicia que era una pequeña Pyme y que el monto de ese tributo -que es fijo- le impedía competir en el mercado ya que sus productos eran más baratos que los de las primeras marcas.
El impuesto mínimo es del 70% del precio de cada atado y se fija sobre un valor que se actualiza cuatro veces al año.
Con un gran poder de lobby y contactos en la política y los tribunales, consiguió renovar las cautelares, evitar pagar el impuesto mínimo y se convirtió en un jugador fuerte del mercado. Según un informe de la consultora Abeceb, Tabacalera Sarandí pasó de tener el 5,6% del total del mercado en 2016, al 38,4% en 2023. En los hechos, con esa porción de mercado, la compañía ya no podría ser considerada una pyme. El propio Otero sostuvo que factura 800 millones de dólares al año.
Los más de US$ 1.000 millones que adeuda Tabacalera Sarandí a la AFIP ya están registrados en el organismo. A ese número se llegó tras varias fiscalizaciones del ente recaudador que pese a estar impedido de cobrar el impuesto mínimo al tabaco por las cautelares judiciales, puede ir generando un registro de la deuda. En el caso de que la Corte Suprema fallara sobre la cuestión de fondo -si es o no inconstitucional ese tributo- contra Tabacalera Sarandí, el organismo podría activar el cobró contra la empresa de manera inmediata.
La AFIP, por estos días, está terminando de determinar la deuda impositiva de Tabacalera Sarandí entre el período que va de marzo de 2023 hasta la actualidad. Hay un proceso de fiscalización en marcha que va en paralelo a los controles habituales que tienen todas las compañías que venden cigarrillos.
Ante la consulta de Clarín sobre la deuda, desde la compañía de Otero respondieron con una tesis conspiratoria y apuntaron contra una supuesta alianza entre empresarios, medios y jueces: «La empresa Sarandí no se quedó con ningún impuesto. Pagó y paga impuestos ad valorem. Ya lo explicamos 20 veces, pero Clarin junto con la multinacional Massalin (Philip Morris) y ahora como nuevo socio la Corte Suprema, necesitan, según parece, cerrar Tabacalera Sarandí para estar felices”. Sobre las fiscalizaciones en marcha de la AFIP, agregaron: «No nos consta nada al respecto, solo lo que está refrendado y avalado según legislación y sentencia firme».
La AFIP, desde el cambio de gestión tras la asunción de Javier Milei, empezó a acelerar una serie de medidas de control que estaban pendientes en Tabacalera Sarandí. Como contó Clarín, desde hace 15 días, la empresa de Otero tuvo que aceptar los controles digitales a los que se negaba. Se trata de un sistema registro de las estampillas de los cigarrillos que sirve para saber minuto minuto cuántos paquetes se fabrican y cobrar tributos acorde a la producción.
Otero y su empresa eran los únicos en el sector tabacalero que se resistían a esos controles y seguían usando un sistema más artesanal que consistía en recibir estampillas y luego presentar una declaración jurada ante el fisco en la que informaban cuánto habían producido.
Según Otero, la demora en la aplicación del sistema de control llamado Solución de Trazabilidad, Identificación y Control (STIC) fue de la AFIP y no por las trabas de su compañía, aunque en el organismo sostienen lo contrario. Desde el 22 de mayo pasado, ya está en funcionamiento.
La semana pasada, la Corte Suprema sacó un falló contra Otero y su empresa. Dejó sin efecto una serie de medidas cautelares dictadas a favor de Tabacalera Sarandí, que la eximían de pagar una parte del impuesto interno al tabaco. Pero el “Señor del Tabaco” puede seguir sin abonar el gravamen porque cuenta con otra sentencia favorable que ya se está ejecutando y que está apelada en la propia Corte. Por ahora, viene aguantando.
Fuente: Clarín