La causa por el robo del celular del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, ocurrido el pasado 18 de junio durante un acto institucional en La Cocha, dio un inesperado giro judicial. En una nueva declaración ante el fiscal Fabián Assad, la única detenida por el hecho aseguró que no fue ella quien sustrajo el dispositivo, sino que le fue entregado por un fotógrafo presuntamente vinculado al municipio local, a quien habría identificado en una imagen del evento.
La imputada, quien permanece detenida con prisión preventiva desde el 19 de junio, señaló que el hombre —que habría participado del acto oficial en calidad de fotógrafo— le habría dado el celular del mandatario, aunque no explicó en qué contexto ni con qué intención. Esta nueva línea de investigación deberá ser analizada por la Fiscalía del Centro Judicial de Concepción, que ahora evalúa la posible intervención de un tercero en el hecho, lo que podría cambiar el rumbo del expediente.
El robo ocurrió en medio de un acto público encabezado por el gobernador junto a su gabinete y vecinos de las seis comunas del departamento de La Cocha. Según testigos, Jaldo descendió del escenario para saludar al público y tomarse fotos, y fue en ese momento, al retirarse hacia la camioneta oficial, cuando notó que le habían sustraído el celular del bolsillo del saco.
La seguridad del gobernador reaccionó rápidamente y comenzó a revisar las imágenes del evento. En una de ellas se observó a una mujer en actitud sospechosa. La sospechosa fue identificada por dirigentes locales, localizada en su casa de Los Pizarro —a unos siete kilómetros de La Cocha— y detenida pocas horas después. En su domicilio se recuperó el teléfono del gobernador, una notebook, otro celular y tres pendrives, todos secuestrados como evidencia.
Inicialmente, la mujer sostuvo que había tomado por error el dispositivo, creyendo que era suyo, y que al llegar a su casa se dio cuenta de que tenía dos celulares. Dijo haber dejado el que no le pertenecía sobre la mesa de luz, “esperando” que alguien lo reclamara. Sin embargo, no informó del hecho ni realizó gestiones para devolverlo, lo que fortaleció la acusación en su contra.
Ahora, en una ampliación de su declaración, la acusada cambió su versión y acusó a un presunto fotógrafo que habría participado en el evento oficial. Afirmó que lo identificó por una imagen y aseguró que fue él quien le entregó el celular. La Justicia no ha revelado aún si el nombre del señalado fue aportado con claridad ni si esa persona ya ha sido citada.
Este nuevo elemento abre una posible línea de investigación alternativa, aunque no exime a la detenida de responsabilidad, ya que el celular fue hallado en su poder y no hubo intentos de devolución, explicaron fuentes judiciales.
El robo del celular de Jaldo ocurrió apenas diez días después de que el mandatario dispusiera la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi, una medida que generó fuertes tensiones políticas en la zona. De hecho, en el inicio de la causa se vinculó a la mujer detenida con el oficialismo alberdiano, aunque no se encontraron antecedentes penales en su contra.
En Alberdi se investiga una presunta red de corrupción, narcotráfico y lavado de activos, surgida a partir de la viralización de un audio entre el ex intendente Luis Campos y el empresario Roque “Chipi” Giménez. En ese contexto, el episodio del robo fue interpretado en el entorno gubernamental como una señal de alerta, que derivó incluso en un refuerzo de la seguridad del gobernador.
La investigación continuará a cargo del fiscal Fabián Assad, quien deberá determinar si existen elementos suficientes para corroborar la versión de la acusada y, eventualmente, imputar a un nuevo sospechoso. Mientras tanto, la prisión preventiva podría ser prorrogada ante los indicios que aún pesan sobre la mujer, especialmente por haber sido sorprendida con el teléfono del mandatario.
La declaración ha sido recibida con cautela por la Justicia, que ahora deberá reconstruir con precisión los minutos posteriores al acto público, analizar nuevas imágenes y verificar la identidad y función del presunto fotógrafo señalado por la detenida.
Una historia que comenzó como un robo común en un evento institucional, ahora se entrelaza con la política local y posibles intereses cruzados. La Justicia, por el momento, se limita a confirmar que la causa está abierta y que nuevas medidas probatorias están en marcha.
Fuente: Contexto