Desde que se reveló el documento que prueba que Federico “Fred” Machado le transfirió US$ 200 mil, José Luis Espert no logra recomponerse. Recluido casi por completo en su casa de Beccar, sale lo mínimo indispensable e intenta sostener el ánimo de su esposa, María Mercedes González. Pero su principal preocupación es otra: su futuro profesional y político. Sabe que hoy su nombre quedó asociado al narcoescándalo más resonante del año, y se pregunta quién querría reunirse con él, contratarlo como asesor o convocarlo como conferencista. “La política me arruinó la vida”, repite, mientras atraviesa un cuadro de depresión y aislamiento.
A la angustia se suma la bronca. Espert siente desprecio por Juan Grabois, uno de los impulsores de la denuncia que lo acusa de haber incrementado su patrimonio en un 800%. Pero el golpe más duro, aseguran quienes lo frecuentan, vino de La Libertad Avanza. “Fue traicionado y arrojado a la jauría periodística. Le soltaron la mano”, resume un amigo. Sus allegados señalan directamente a Karina Milei, de quien dice que nunca lo quiso, y a Santiago Caputo, con quien hoy desconfía incluso de haber aceptado su intervención en el video en el que intentó explicar el origen del dinero recibido por Machado. Aunque reconoce que Javier Milei lo defendió en público, considera inexplicable que el Gobierno haya sostenido a Lorena Villaverde —investigada por una causa por cocaína en Estados Unidos— mientras él, sin antecedentes penales, fue “tratado como un perro”.
El 3 de diciembre Espert declaró ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi por presunto lavado de activos y por los vuelos realizados en aviones de Machado durante la campaña de 2019. En paralelo avanza una causa conexa en San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli. Sus abogados, Alejandro Freeland y Santiago Kent, intentaron unificar ambos expedientes argumentando que investigan los mismos hechos, pero la Justicia rechazó el pedido.
El allanamiento y el impacto en su familia
El allanamiento del 9 de octubre marcó un antes y un después. La requisa incluyó a su esposa y al hijo de ella, quienes fueron obligados a desnudarse en un baño para verificar si ocultaban un celular. “José Luis se la bancó, pero que a ellos les hicieran eso fue una humillación que todavía no procesa”, relataron. En la casa de la calle Brasil al 700 —su domicilio anterior— el operativo se vivió como un trauma. Freeland cuestionó el procedimiento y denunció que las autoridades demoraron su ingreso a la vivienda. Cuando finalmente pudo entrar, la esposa de Espert lo abrazó entre lágrimas: “Me siento ultrajada”.
Desde entonces, Freeland se convirtió no solo en su abogado sino también en un sostén emocional para toda la familia. Visita el domicilio una o dos veces por semana para revisar el expediente y escuchar los desahogos.
El estallido del escándalo provocó la renuncia de todo su entorno político: los jóvenes que integraban su equipo, su grupo administrativo y hasta su histórico vocero. Las primeras semanas fueron las peores. La casa de Beccar —en una zona con garitas, patrulleros y vigilancia similar a la de un barrio cerrado, aunque no lo sea— estuvo rodeada de guardias periodísticas. Un día, incluso, un drone sobrevoló el patio; su abogado intentó derribarlo arrojando una piedra.
Con el correr de las semanas y la atención mediática puesta en otros temas, el clima comenzó a calmarse y Espert empezó tímidamente a salir en Uber: comer afuera, tomar un café, hacer trámites. Por ahora, según su círculo íntimo, no sufrió escraches.
Rutina alterada, ejercicio y revisión constante de errores
Su entorno le aconseja no obsesionarse con el caso, pero él no puede evitarlo. En el quincho de su casa hace actividad física —cinta de correr y pesas— como intento de despejar la mente. Aun así, repasa una y otra vez qué falló y quiénes lo traicionaron.
Una de las pocas autocríticas que admite es su desempeño mediático. Dice que no tenía chances: se considera víctima de una alianza entre prensa y política que necesitaba un blanco. Dentro de La Libertad Avanza, sostiene que solo el Presidente le tenía aprecio; el resto —mencionan especialmente a Patricia Bullrich— lo quería fuera desde hacía tiempo. “Fue de los pocos que se enfrentó a Mauricio Macri, y desde entonces Patricia lo odia”, aseguran.
El fallido video y la votación en Diputados
El 3 de octubre, luego de una mala performance televisiva, grabó un video intentando explicar su relación con Machado. El resultado fue desastroso: el tono, la estética y los argumentos quedaron bajo críticas. Freeland lo asesoró y redactó la parte sobre “contrato entre privados”, pero el resto estuvo en manos del equipo de Caputo. “Lo tiraron al muere”, concluyó un amigo.
El 8 de enero, la Justicia pidió autorización a la Cámara de Diputados para avanzar con medidas contra él. La solicitud se aprobó con 215 votos afirmativos y tres abstenciones. Los legisladores desconocían que además del allanamiento habría requisas personales porque el caso se encontraba bajo secreto de sumario. Para el círculo de Espert, fue el “puñal final” de Karina Milei, ejecutado a través del presidente de la Cámara, Martín Menem.
La estrategia judicial: vuelos, aportes y patrimonio
Espert insiste en que recién conoció la causa por narcotráfico contra Machado cuando éste fue detenido en 2021, y que hasta entonces lo consideraba un empresario respetable. Sus abogados presentaron tres escritos recientes en Comodoro Py.
Argumentan que los hechos investigados no ocurrieron durante una campaña electoral formal —que la ley establece que comienza 30 días antes de una elección— y que, por lo tanto, muchos de los vuelos no debían ser declarados. Explican que entre febrero y junio de 2019, cuando planeaba ser candidato, Espert solo había alquilado el sello del partido Unir a Alberto Asseff. Luego de que Asseff cerrara con Macri, Espert se pasó a Unite, de José Bonacci, y afirman que en ese tramo apenas realizó actividades.
También niegan que hayan sido 36 viajes. Aseguran que esa cifra duplica idas y vueltas e incluye escalas. Según su cálculo, al menos diez vuelos ocurrieron antes del inicio de la campaña formal, por lo que solo dos o tres deberían haber sido declarados.
Con respecto al contrato de US$ 200 mil, sostienen que fue un acuerdo entre privados firmado antes de que fuera candidato y ejecutado recién en febrero de 2020, cuando ya había perdido las elecciones. “¿Por qué Machado le pagaría a un tipo que sacó el 1%?”, repiten.
En la causa de San Isidro, además, se investiga el crecimiento patrimonial denunciado por Grabois. Los abogados admiten que la casa de Beccar fue adquirida en el período señalado, pero dicen que el salto del 800% se explica por inflación y cuestiones técnicas, y que la vivienda se pagó con el dinero proveniente de la venta de otra propiedad.
Sin rosca ni rutinas políticas, su vida gira hoy alrededor de trámites judiciales. Su ánimo está por el piso. “Vive hecho mierda y tiene que ver cómo sobrevivir a todo esto”, resume uno de los pocos que aún lo visita.