Tras la jugada ejecutada en el recinto de la Cámara Baja para emplazar a las comisiones, los diputados de los bloques de la oposición buscarán mañana dictaminar el proyecto de ley con el que apuntan a reactivar la comisión investigadora del mega escándalo Libra, cuyo funcionamiento había quedado empantanado ante la imposibilidad de elegir a sus autoridades.
En la sesión del pasado miércoles, la oposición juntó 135 apoyos para aprobar la moción de emplazamiento, casi el doble de los 70 rechazos que opuso La Libertad Avanza y sus socios del PRO.
De esta manera, se reunirá mañana a las 17 hs el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento y que preside la macrista Silvia Lospennato.
Según los pronósticos, la oposición no tendrá inconvenientes en dictaminar el proyecto que viene a subsanar un defecto de fábrica que contenía el proyecto original que dio nacimiento a la comisión, ya que no contempló un mecanismo de desempate para la designación de autoridades.
Al conformarse la integración de la comisión, quedaron parados dos bandos muy definidos con 14 integrantes cada uno, razón por la cual fue imposible designar un presidente.
Mientras que los bloques de la oposición insistieron con la postulación de la peronista Sabrina Selva, el oficialismo y sus bloques satélites propusieron al presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, pese a que el libertario había votado en contra de la creación misma de la comisión.
Apenas pudieron ponerse de acuerdo para recibir algunos especialistas invitados, como los periodistas Alejandro Bercovich e Irina Hauser, el especialista informático Maximiliano Flirtman, el experto en criptoactivos Santiago Siri y el querellante en la causa Libra Martín Romeo.
Esos debates estuvieron coordinados por el secretario Adrián Pagan, en un formato de consenso que fue la salida por arriba del laberinto que se encontró para romper la parálisis inercial de la comisión.
Sin embargo, el cuerpo no pudo funcionar operativamente para cumplir el propósito establecido en la ley que le dio origen que es investigar y elaborar informes en base a esas pesquisas.
Para la oposición, eso se debió a la obstrucción sistemática que aplicó el oficialismo durante meses.
Para el oficialismo, la comisión quedó caduca porque se cumplió el plazo de tres meses que tenía para presentar los resultados de la investigación.
En retrospectiva, podría decirse que es un órgano que nació muerto: la fórmula matemática para la distribución de los miembros de la comisión demostró ser inadecuada.
La nueva iniciativa opositora, una suerte de fe de erratas del proyecto original, tiene como autor principal al diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, y establece una metodología muy concreta y precisa para desempatar cuando se traba la votación de las autoridades, tal como sucedió durante meses.
El criterio es que cuando hay empate de votos para dos o más candidatos, la presidencia quedará en manos de aquel que fue respaldado por el conjunto de bloques con más bancas.
Literalmente el proyecto señala que en caso de empates será “designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputados en la Honorable Cámara”.
En tanto, la vicepresidencia recaerá en el candidato que quedó segundo en ese recuento, y la secretaría le corresponderá al mismo grupo de bloques que designó al presidente de la comisión.
Con esta fórmula, la oposición se asegurará la conducción de la comisión porque controla a por lo menos 136 diputados, más de la mitad de la cámara.
La presidencia de la comisión establece las reglas del juego: maneja los tiempos, arbitra en las controversias, solicita oficios, dispone medidas y citaciones, y lo más importante, desempata votaciones igualadas.
Por eso, es determinante la batalla por quién conduce la comisión y a qué signo político pertenece.
“Este proyecto no se limita a una cuestión procedimental ni responde a una lógica de especulación política. Está en juego la capacidad del Congreso de ejercer su función de control ante hechos graves que involucran a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo”, subrayaron los diputados opositores en los fundamentos del proyecto.
“La Cámara de Diputados debe realizar una investigación seria sobre el caso. Y para ello, necesita una Comisión Investigadora que, con legitimidad y un marco reglamentario sólido, pueda llevar adelante su tarea sin obstáculos ni bloqueos por parte del oficialismo, en defensa del buen funcionamiento republicano, la transparencia, la integridad pública y, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a saber la verdad”, concluyeron.
Por otra parte, con el nuevo proyecto se explicita que el plazo de tres meses para presentar los resultados de la investigación empieza a correr desde la conformación expresa de las autoridades y el delineamiento del cronograma de trabajo.
El proyecto lleva las firmas de Maximiliano Ferraro, Oscar Agost Carreño, Danya Tavela, Sabrina Selva, Mónica Frade, Paula Penacca, Nicolás Massot, Pablo Carro, Fernando Carbajal, Carolina Gaillard, Carla Carrizo y Julia Strada.
El affaire de la mega estafa Libra es un tema muy espinoso que le saca canas verdes al Gobierno porque apunta directamente a la responsabilidad política por mal desempeño del presidente Javier Milei y de su hermana Karina Milei en una maniobra fraudulenta para favorecer intereses privados utilizando la investidura presidencial.
De esa hipótesis se desprende un arco muy grande de delitos a investigar como negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, mal desempeño, fraude a la administración pública y violación a la Ley de Ética Pública.