La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió «perdón» por las decenas de muertos en las protestas de las últimas semanas y una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó el cese de la violencia en el país que -dijo- transita por una etapa «muy complicada».
En un mensaje a la nación transmitida por televisión, Boluarte solicitó al Congreso acelerar la fecha para una segunda votación que refrende el adelanto por dos años, a abril del 2024, las elecciones generales para tranquilizar a la población.
Las protestas estallaron tras la destitución y arresto del ex mandatario izquierdista Pedro Castillo, que intentó el 7 de diciembre disolver de forma ilegal el Congreso, en un país cansado de políticos acusados de corrupción y de demandas postergadas principalmente de sectores pobres andinos.
«Entiendo y comparto su indignación, el Estado tiene una gran deuda con el país, es especial con el Perú profundo», afirmó Boluarte, tras lamentar la muerte de 42 personas, entre ellos un policía, tras duros enfrentamientos en las protestas.
«Pido perdón por esta situación y por lo que se dejó hacer para evitar estos acontecimientos trágicos», enfatizó.
En las manifestaciones se exige la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la libertad de Castillo, que cumple prisión preventiva por «rebelión».
Boluarte indicó que se debe investigar las causas de las muertes porque «hoy sabemos que un tipo de armas de fuego y municiones habrían ingresado al país por el sur de Perú, y esas son las que podrían haber causado las muertes».
«Debo ser enfática en señalar que ese tipo de municiones no usa nuestra policía ni nuestra fuerzas armadas», manifestó.
¿Infiltrados?
Funcionarios del Gobierno denunciaron a inicios de enero que un grupo de bolivianos ingresó al país para azuzar la protesta, y prohibió la entrada a Perú al ex presidente izquierdista Evo Morales, un férreo defensor de Castillo y crítico de Boluarte.
«¿Qué pasa con los azuzadores y los infiltrados extranjeros?, que se investigue todo. Necesitamos resultados pronto para identificar a los verdaderos responsables» dijo.
Grupos de derechos humanos acusaron a la Policía y las fuerzas armadas peruanas de usar armas de fuego mortales y lanzar bombas lacrimógenas desde helicópteros. La Policía dice, por su parte, que los manifestantes, la mayoría en el sur andino del país, usaron armas y explosivos caseros.
Previamente al mensaje, Boluarte ajustó a su gabinete con tres cambios, entre ellos en el Ministerio de Interior y designó al general retirado de la policía Vicente Romero para dirigir esa cartera, en medio de criticas por el manejo de la crisis.
También se realizaron cambios en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Más temprano, el jefe de la misión de la CIDH, Edgar Stuardo, dijo que tras reuniones con familiares de las víctimas, autoridades y representantes de organizaciones civiles percibió que la solución para salir de una de las peores crisis en el país andino es generar un amplio diálogo nacional.
«Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar en los próximos días. Esperamos que no haya ningún muerto más», dijo Stuardo a periodistas. «Vemos una situación muy complicada».
Cientos de heridos y detenidos
En los últimos días las protestas se concentraron en las regiones mineras sureñas, pero el jueves miles de personas marcharon por las calles de Lima demandando el cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte.
Stuardo afirmó que la crisis en Perú se debe principalmente a la fragilidad de sus instituciones y la constante lucha de poder entre el Ejecutivo y el Congreso, que han generado que el país tenga seis presidentes y tres parlamentos en cinco años, con renuncias y destituciones provocadas de los jefes de Estado.
«Esto ha debilitado la confianza ciudadana en las instituciones y ha obstaculizado la gobernabilidad», señaló.
El funcionario refirió que durante su visita recibió denuncias de familiares de las víctimas de un uso desmedido de la fuerza por parte de la policía; aunque también de la actuación de «grupos violentos» que deben ser identificados.
El Ministerio Público informó por su parte que abrió investigaciones preliminares por los violentos hechos en regiones sureñas de Puno, Cusco, Arequipa, Apurimac y Ucayali, focos de las mayores protestas, además de la capital, Lima.
Estas pesquisas marchan en paralelo a la investigación, también preliminar, anunciada esta semana contra la presidenta Boluarte por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves» en las protestas, en la que se incluyó a parte de su gabinete de ministros.
De acuerdo a las «primeras indagaciones» se registraron 355 civiles y 176 policías heridos, y 329 detenciones de ciudadanos durante las protestas de diciembre y enero, detalló la fiscalía.
En la investigación se consideran los presuntos delitos de disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y obstáculo al funcionamiento de servicios públicos, refirió.