En el marco de un ambicioso plan de ordenamiento territorial, el Gobierno de Tucumán concretó en los últimos días una nueva restitución de tierras públicas dentro de la Reserva Natural de La Angostura, ubicada en El Mollar. Con esta medida, ya son nueve los predios recuperados en apenas seis meses, como parte de una política de saneamiento dominial impulsada por la Fiscalía de Estado.
El último caso fue el del predio cedido al Tucumán Yacht Club, cuya ocupación quedó sin efecto luego de que el Gobierno notificara a sus autoridades sobre la rescisión del convenio firmado en 2005.
El subsecretario de Desarrollo Productivo, Martín Lazarte, explicó en una nota oficial que la entidad “no cumplió con las obligaciones asumidas”, y que el inmueble estaba siendo explotado por un tercero ajeno al club, que ofrecía servicios de pesca, alquiler de kayaks y paseos en lancha.
La Provincia otorgó un plazo de diez días para su desocupación, trámite que ya estaría en marcha.
El proceso de restitución de tierras comenzó tras una inspección realizada en octubre de 2023, cuando se detectaron ocupaciones irregulares dentro del área protegida.
A partir de ese hallazgo, la fiscal de Estado Gilda Pedicone obtuvo medidas cautelares judiciales para frenar ventas ilegales y construcciones no autorizadas. En paralelo, se agilizaron causas que llevaban entre siete y diez años sin resolución.
Entre los predios recuperados figuran:
- La confitería y el local de artesanías situados en el acceso al valle de Tafí.
- El emprendimiento turístico “El Pelao”, que ofrecía excursiones en lancha.
- Un lote ocupado por la Comunidad Diaguita El Mollar (Cidem), donde funcionaba el Club Tres Cruces.
- Los barrios ilegales “Juana de Azurduy” y “El Lago”, desmantelados por la Policía.
- La feria de artesanos instalada en Ojo de Agua.
- El polémico “Loteo Gaucho Castro”, único caso con causa penal en trámite.
- El bar-boliche Costa de Piedra, construido en la zona conocida como La Playita.
- El club de tiro que devolvió el terreno tras rescindirse su convenio.
Uno de los momentos de mayor tensión en el proceso fue la oposición de la cacique de la Comunidad Diaguita, Margarita Mamaní, quien acusó al Gobierno de avanzar sobre territorios con derechos ancestrales. Sin embargo, las autoridades priorizaron el cumplimiento del marco legal sobre las cesiones en un área de conservación ambiental.
El avance del plan también pone bajo la lupa antiguos convenios firmados por la Dirección de Flora y Fauna y el Ente Tucumán Turismo, que habilitaron el uso de predios estatales para proyectos turísticos o recreativos.
Muchos de estos acuerdos, aseguran desde la Fiscalía, no fueron renovados ni fiscalizados adecuadamente.
Restan aún dos ocupaciones por resolver. El primero corresponde al llamado “Loteo Monroy”, en un terreno que el Estado cedió en los años 80 al Automóvil Club Argentino para un hotel que nunca se concretó.
Al quedar sin control, fue ocupado por una familia que hoy enfrenta un proceso de escrituración en trámite.
El otro caso es más complejo: un barrio privado edificado sobre terrenos que originalmente fueron entregados al Club Náutico y Pesca de Concepción con fines recreativos.
En vez de cumplir ese objetivo, varios socios cercaron el predio y construyeron viviendas particulares, lo que hoy pone en duda la legalidad del uso.
El caso del Tucumán Yacht Club representa una señal clara del Gobierno provincial: la restitución de tierras públicas no se detendrá, y se revisarán todas las cesiones que no cumplan con sus fines originales. En paralelo, la Fiscalía de Estado sigue recabando documentación y ejecutando medidas judiciales para acelerar el saneamiento dominial en áreas protegidas.
Fuente: Contexto