Al fracasar un último intento de frenar el desalojo, la Provincia ya está en condiciones de recuperar las tierras de la Reserva Natural La Angostura. El juez Mario Velázquez, que rechazó el pedido de levantamiento de la medida cautelar dictada el 31 de enero, instó al Ministerio Público Fiscal a que realice la audiencia de formulación de cargos en contra de la organización que se dedicó a la comercialización del llamado “Loteo Gaucho Castro”.
A fines de octubre, los empleados estatales descubrieron que la zona protegida estaba siendo ocupada por desconocidos. La Policía destruyó varios de los cercados que se habían instalado y la fiscal de Estado Gilda Pedicone solicitó una medida de no innovar en la Justicia. Una jueza aceptó el planteo y ordenó suspender la venta de lotes y ordenar la detención de las construcciones. Buscaba preservar una zona que está protegida. A mediados de enero, en plena feria, realizó una denuncia penal en contra de los vendedores y de toda aquella persona que podría estar involucrada en el caso.
Por último, en una medida sin precedentes, la Fiscalía de Estado y el Ministerio Público, solicitaron la restitución de las tierras sin que se realizara una audiencia. Velázquez les dio la razón a los acusadores y les dio un plazo a los ocupantes para que desalojaran el lugar. La resolución fue impugnada, pero un tribunal rechazó el pedido que se anulara el fallo.
Nuevo planteo
Alejandro Turbay, defensor de varias de las víctimas solicitó una audiencia para que se levante la resolución en la que Velázquez ordenó la restitución de las tierras al Estado durante seis meses o hasta que se cierre el expediente. Entre otros argumentos, el profesional aseguró que se habían incorporado nuevas pruebas que servirían para frenar la medida.
Entre otras cuestiones, pidió incorporar la declaración de una damnificada en la audiencia de impugnación en la que aseguraba que ella residía en ese lugar desde el año 2000; informes que daban cuenta de que la Provincia no informaba a través de cartelería que esas tierras pertenecían a una reserva; la incorporación en el legajo del juicio sucesorio a nombre de Segundo Ramón Herrera en el que reclama ser propietario de esas tierras iniciado en 2012; los boletos de compraventa que se firmaron; y la falta de posesión por parte del Estado, entre otros puntos.
El fiscal Miguel Varela rechazó uno por uno los fundamentos y aseguró que la documentación que presentaron los compradores no acredita posesión alguna. “Estamos en un área protegida del Estado, donde recientemente se comenzaron las edificaciones conforme a un negocio ilícito en sí. Estamos hablando de boletos privados con diversos vendedores, de propiedad y posesión que no tenían, y estaban todos en un consumo para llevar a cabo el despojo por el engaño”, aseguró el investigador.
José María Molina y Héctor Geria Lapore, que representan a la Fiscalía de Estado en la causa, también rechazaron el pedido argumentando que es una medida que busca revertir una sentencia que fueron merituadas y confirmadas por un tribunal de Impugnación. “No existen nuevos elementos para cuestionar la medida cautelar”, explicaron.
La resolución
“Entiendo que la existencia o inexistencia de guardabosques, alambrados o carteles en el predio en cuestión, nada aportan sobre la posesión del Gobierno, máxime con lo dicho en reiteradas ocasiones por la Corte Suprema, en el sentido que, al ser un bien de dominio público, pertenece al derecho común, y de ninguna manera los particulares pueden arrogarse un poder sobre esos bienes, como ser el de propiedad, posesión, uso, usufructo, etcétera”, sostuvo el juez Velázquez en la resolución que rechazó el planteo de los damnificados.
“Y ello resulta aún más claro cuando tenemos presente que el inmueble en cuestión es una reserva natural protegida por lo que, amén de no poder negociarse la misma por particulares, requiere del permiso de la Dirección de Flora y Fauna Silvestre y Suelo, del Gobierno de la Provincia, para ejercer cualquier acción que implique construcciones, modificaciones del suelo, etcétera”, indicó el magistrado.
Durante la audiencia, varios de los compradores denunciaron que recibieron malos tratos por parte del personal policial que está encargado de custodiar el predio. Incluso, uno de ellos aseguró que un efectivo agredió a él y a su hijo con autismo. Fuentes del Ministerio de Seguridad negaron esas versiones.
Velázquez, en tanto, en la resolución, dispuso que el fiscal y los representantes de la Fiscalía de Estado instruyan al personal policial sobre cuál es la misión que deben realizar y, paralelamente, instruir a los efectivos para que no cometan actos de agresión, intimidación y amenazas. Al mismo tiempo solicitó al Ministerio Público que tome la denuncia al hombre que habría sufrido la agresión.
El final
Al no haber ejercido el derecho a impugnación a esta nueva resolución, los compradores de las tierras del “Loteo Gaucho Castro” deberán desocupar las parcelas que adquirieron entre 2020 y el año pasado. Caso contrario, según la resolución de Velázquez, previo pedido de autorización al Colegio de Jueces de Monteros, deberán ser desalojados por la fuerza.
En principio, serían unos 30 lotes los que se vendieron en este emprendimiento inmobiliario. Varios de los terrenos estaban cercados y algunos de ellos estaban en plena etapa de construcción. Los adquirentes comenzaron a retirar ayer los materiales y pertenencias. En principio, tendrían hasta el lunes para culminar. Estarían exceptuadas las personas que presentaron el pedido de impugnación que, pese a que fue rechazado, son los únicos que pueden recurrir a la Corte Suprema de Justicia para que frene la medida. La mayoría de ellos son los que tenían casas construidas en el lugar.
Fuente: La Gaceta