La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei es presentada ante la sociedad como un instrumento para “modernizar” o “actualizar” el derecho del trabajo para así fomentar la supuesta generación de empleo. No obstante ello, un análisis preliminar del texto nos arroja un retroceso absoluto en materia de derechos laborales, lesionando principios y garantías de nuestra Carta Magna, como normativas sustanciales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El aspecto que más debe preocupar al movimiento obrero organizado es el eje gubernamental que persigue la ampliación y profundización de la flexibilización laboral: ampliar el período de prueba, facilitación de los despidos, reducción de sanciones frente al empleo no registrado (“en negro”), atacan directamente el principio protectorio del Derecho del Trabajo.
Una sanción de la reforma laboral pretendida impactaría directamente contra el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional que, entre otras cosas, garantiza igual remuneración por igual tarea, condiciones dignas y equitativas de labor, estabilidad del empleo, protección contra el despido arbitrario, etc.
También, la reforma avanza sobre una de las herramientas más importantes de los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, que es la negociación colectiva, en clara contravención de los Convenios Nº 87 y Nº 98 de la OIT, ratificados por la República Argentina, que garantizan la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva propiamente dicha.
Pretender limitar el accionar sindical, promover acuerdos individuales entre los trabajadores y sus empleadores, con escasa intervención o participación gremial, generaría como resultado un escenario de mayor desigualdad entre las partes, siendo siempre perjudicada la parte trabajadora, por la vulneración de derechos adquiridos, que, en la mayoría son reconocidos, como mencionaríamos anteriormente, hasta en el plano internacional.
Desde un punto de vista netamente técnico, la historia nos demuestra que la vulneración, precarización o alteración de derechos no mejora la productividad, no contribuye a la pacificación del clima laboral, ni genera empleo.
Paradójicamente, lo que logra es consolidar la debilidad del mercado interno, baja de salarios, conflictividad social. No hemos escuchado a un solo empresario argentino,atacar o cuestionar como responsable de su crisis a sindicato alguno.
El único que pretende responsabilizar a los trabajadores, a través de la defensa colectiva de sus derechos, es el Estado, representado en este caso por el gobierno de Javier Milei. La Organización Internacional del Trabajo ha advertido reiteradamente que el crecimiento económico sostenible requiere empleo decente, tal como lo establece su Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa (2008, act. 2022).
En síntesis, la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei no constituye una modernización, sino un proyecto desfavorable que traslada el ajuste en su totalidad a los trabajadores. Y debemos recordar que la defensa de los derechos laborales no es un obstáculo o problemática alguna para el desarrollo, sino una condición indispensable e innegable para una sociedad más justa, equitativa, libre democrática y socialmente integrada.