Durante décadas, Mauro Sergio fue una de las marcas más reconocidas de la industria del tejido en Argentina. Desde Mar del Plata, la empresa construyó una estructura industrial integrada que abarca hilandería, tejido, tintorería y confección, convirtiéndose en uno de los principales fabricantes nacionales de sweaters y prendas de punto. Hoy, esa misma compañía enfrenta la crisis más profunda de su historia reciente.
Textilana, la firma propietaria de la marca, se presentó en concurso preventivo el 26 de marzo y declaró ante la Justicia deudas por más de $5.200 millones. Pero el deterioro financiero ya no afecta únicamente a la empresa: la crisis también alcanzó a la familia que la controla desde hace décadas.
El pasado 10 de junio, el Juzgado Civil y Comercial N°15 de Mar del Plata dispuso la apertura de los concursos preventivos de Rosana Laura Todisco y Sergio Esteban Todisco, hijos del fundador de la compañía y actuales accionistas de la textil. Ambos figuraban como garantes de buena parte de los compromisos asumidos por la empresa y ahora quedaron alcanzados por procesos concursales propios.
La decisión judicial fue acompañada por la unificación de los expedientes, al considerar que existe una estrecha relación entre las obligaciones de la sociedad y las garantías personales otorgadas por los integrantes de la familia controlante.
De una empresa rentable a pérdidas millonarias
Los balances muestran que el deterioro económico no fue repentino. Durante el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2025, Textilana registró ventas por $13.956 millones, frente a los $17.425 millones del período anterior. La caída equivale a casi 20% en términos nominales, un dato particularmente significativo en un contexto de inflación elevada.
La contracción también se reflejó en las cantidades comercializadas. Según reconoció la propia empresa en su memoria anual, las ventas físicas descendieron 3,1% durante 2024 y volvieron a caer 22,4% en 2025. En apenas dos años, la compañía perdió cerca de una cuarta parte de su volumen de negocios. El impacto sobre los resultados fue contundente. Después de obtener ganancias por aproximadamente $223 millones en el ejercicio previo, la empresa cerró el último balance con pérdidas cercanas a $650 millones.
La utilidad bruta pasó de $5.353 millones a $3.821 millones, mientras que los gastos financieros crecieron con fuerza como consecuencia del mayor endeudamiento. En su presentación ante los accionistas, la empresa vinculó la situación a la caída del consumo interno, la pérdida de poder adquisitivo, el incremento de costos y el avance de la competencia importada.
La menor demanda también dejó otra señal de alerta: la acumulación de stock. Los bienes de cambio pasaron de $14.417 millones a $15.827 millones, reflejando mayores niveles de mercadería almacenada y menor rotación de productos.
Ese escenario obligó a reducir la actividad industrial. Entre noviembre de 2025 y marzo de este año, la compañía implementó un esquema de suspensiones que alcanzó a 175 trabajadores. Durante ese período, los empleados percibieron el 78% de sus salarios mientras la empresa buscaba acomodar su estructura productiva a una demanda cada vez más débil.
Bancos, organismos públicos y una deuda que se multiplicó
La documentación presentada en el concurso permite observar cómo se fue deteriorando la situación financiera.
Las obligaciones bancarias pasaron de poco más de $300 millones a más de $1.555 millones en apenas un ejercicio. Entre las entidades acreedoras aparecen Banco Nación, Banco Provincia, Galicia, Santander y BBVA.
Al mismo tiempo, la liquidez se redujo drásticamente. Mientras al cierre de 2024 la compañía disponía de más de $550 millones entre caja y bancos, un año después esa cifra apenas superaba los $110 millones.
Del total del pasivo declarado en el concurso, aproximadamente $2.200 millones corresponden a deuda financiera, mientras que otros $2.340 millones están asociados a compromisos fiscales, previsionales y sindicales.
La gravedad de la situación quedó reflejada en varias de las medidas solicitadas por la propia empresa al momento de presentarse en concurso.
Entre otros puntos, Textilana pidió autorización judicial para evitar la ejecución de cheques de pago diferido emitidos antes de la presentación, mantener abiertas sus cuentas bancarias y garantizar la continuidad de servicios considerados esenciales para el funcionamiento de la compañía.
Cuando la crisis llega a los dueños
La apertura de los concursos preventivos de Rosana y Sergio Todisco terminó de exponer la dimensión alcanzada por el problema financiero. Los expedientes personales muestran que ambos aparecen como fiadores, codeudores y garantes de préstamos, descubiertos bancarios y líneas de financiamiento tomadas por Textilana durante los últimos años.
Entre los acreedores se repiten los principales bancos que financiaban a la empresa: BBVA, Banco Nación, Banco Provincia, Santander y Galicia. También aparecen compromisos vinculados a Mercado Libre y obligaciones comerciales con proveedores del exterior, entre ellos la firma alemana Karl Mayer Stoll, fabricante de maquinaria textil.
La documentación judicial revela además que la familia había intentado sostener la operatoria antes de llegar a esta instancia. Rosana Todisco figura incluso como acreedora de la propia compañía por aproximadamente $467 millones, correspondientes a fondos aportados para financiar actividades de la empresa en medio de la crisis.
La resolución firmada por el juez Héctor Fabián Casas fijó como fecha límite el 10 de septiembre para la presentación de pedidos de verificación de créditos y estableció un cronograma que se extenderá hasta 2027, cuando vencerá el período de exclusividad para alcanzar un acuerdo con los acreedores.
Sin embargo, más allá del frente judicial, en la industria textil la preocupación pasa por otro lado. La crisis de Textilana se produce en un contexto en el que numerosas empresas locales vienen denunciando la pérdida de competitividad frente a las prendas importadas, favorecidas por menores costos de producción y una mayor apertura comercial.
En ese escenario, el mayor interrogante para el sector no es sólo si Mauro Sergio logrará reestructurar una deuda superior a los $5.200 millones, sino también qué modelo de negocio tendrá en el futuro. Entre empresarios textiles existe el temor de que compañías históricamente integradas, con procesos de hilandería, tejido, tintorería y confección propios, terminen reduciendo o abandonando parte de su producción local para transformarse principalmente en comercializadoras de prendas importadas. Para una marca que construyó su identidad alrededor de la fabricación nacional, ese sería quizás el cambio más profundo de todos. /Ambito