La motosierra del Gobierno tuvo su impacto en educación, las universidades cierran el año con un recorte del presupuesto del 30% y los salarios reales de los docentes con una caída del 23% respecto a diciembre de 2023.
Los datos fueron publicados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El recorte presupuestario a la educación fue denunciado durante todo el año por la comunidad educativa, que logró movilizar amplias porciones de la sociedad.
A pesar del consenso logrado en torno a la defensa de la educación, y la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, el ajuste de los fondos no se pudo revertir debido al veto de Javier Milei.
Tras el decreto que anuló la norma y la falta de aprobación del Presupuesto 2025, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) solicitó una nueva Ley de Financiamiento para el próximo año.
El máximo órgano de la UBA considera que el sistema universitario necesitará para el 2025 $7,2 billones de pesos para funcionar pero el Gobierno Nacional contempla una asignación sólo de $3,95 billones en el proyecto de presupuesto que envió al Congreso.
Crónica de larga marcha por el presupuesto universitario durante el 2024
Durante todo el 2024, el movimiento estudiantil rechazó el recorte presupuestario a las universidades públicas. La Federación Universitaria Argentina y los centros de estudiantes de todas las universidades estatales se manifestaron en defensa de la educación junto con los rectores, gremios de docentes y no docentes.
De acuerdo a las organizaciones que formaron parte, se calcula que a la primera marcha realizada el 23 de abril en Plaza de Mayo asistieron más de 800 mil personas. En la segunda movilización, esa cifra fue mayor.
El consenso en torno a la defensa de la educación trascendió a la comunidad educativa. Según un relevamiento nacional realizado por el Equipo Mide, «el 51% de los encuestados apoyó la Marcha Federal Universitaria, mientras que sólo un 22% se opuso«.
Luego de la movilización, el 14 de septiembre el Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario. A pesar de la legitimidad de la norma, el Presidente la anuló vía decreto. El Congreso volvió a reunirse para rechazar el decreto pero, por la presión del Ejecutivo, algunos diputados que se dieron vuelta y no fue posible voltearlo.
Durante todo ese proceso, el Gobierno Nacional le dio la espalda al reclamo y reafirmó su política de ajuste, para eso debió desarrollar distintas estrategias que descalificaran la demanda, a la que describió como «un reclamo genuino, pero construido sobre una mentira».
Ante la primera marcha, Milei había dicho: «En el fondo, muestran el miedo que me tienen, lo grande que soy respecto a ellos y lo poca cosa que son respecto a mí. Quiere decir que ninguno de esos está a la altura de tener una discusión ínfimamente razonable».
Además, para deslegitimar el reclamo, el Ejecutivo Nacional promovió auditorías realizadas desde la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para evitar la Auditoría General de la Nación, que es la encargada según la Constitución, bajo el principio de autonomía universitaria.
En ese entonces, el secretario de Hacienda de la UBA, Matías Ruiz, indicó que la Casa de Estudios siempre informa «todas las auditorías» y que, además, están en la página web «porque son públicas». «No es nuestra palabra, sino que es algo que pueden ver todos y que tiene el Poder Ejecutivo Nacional», añadió.
«Revisamos el destino, la aplicación, la documentación sustentadora, si están de acuerdo con los objetivos, y si se han subcontratado a terceros. Generamos un informe que se discute con las autoridades, y luego se eleva a Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete y Secretaría General de la Presidencia», señaló el titular de la SIGEN Miguel Blanco.
Finalmente, Nación no dio a conocer ninguna irregularidad pero siguió impulsando la retórica en contra de las Universidades. Fue en ese momento cuando el Gobierno comenzó con los discursos sobre que las Altas Casa de Estudio albergaban estudiantes «inventados» para recibir mayor presupuesto.
Esa hipótesis fue rápidamente desarticulada por los recortes que aclararon que los alumnos estaban inscriptos y que, para rendir exámenes deben tener regularidad, cosas constatables fácilmente en los sistemas académicos como el Sui Guaraní.
En esa línea, el rector de la Universidad de Catamarca (UNCA), Oscar Arellano acusó al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, de tener «absoluto desconocimiento» sobre cómo funciona el sistema universitario.
«La universidad pública argentina tiene el ‘SIU’, que es el Sistema de Información Universitario del país y maneja todo lo relacionado a los alumnos, desde la inscripción hasta que se recibe. Un estudiante tiene que inscribirse todos los años en ese sistema porque, de lo contrario, deja de pertenecer a la institución. Como la inscripción se renueva anualmente por la propia voluntad del estudiante, es imposible que las universidades inventen estudiantes», explicó Arellano.
Llegado el segundo cuatrimestre el Gobierno continuó sin actualizar los salarios y el presupuesto, que habían sido afetcados por la fuerte devaluación e inflación del primer mes de gestión. Eso determinó el llamado a la 2° Marcha Federal Universitaria para el 2 de octubre.
El día anterior a la movilización Torrendel insistió con la política discursiva de deslegitimación. El secretario de Educación calificó a la marcha como una protesta «antigobierno» y que «varias de sus consignas».
La población igualmente no se hizo eco de las declaraciones gubernamentales. La segunda movilización resultó multitudinaria: se calcula que asistió más de 1 millón de personas en las inmediaciones del Congreso, mientras otras 400.000 marcharon en el interior del país.
En esta oportunidad, se le pidió al Congreso por el rechazo del veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Financiamiento Universitario, además de reclamar un mejor salario docente.
«Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la Ley de Financiamiento Universitario!«, le exigió la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccoli, quien leyó un documento en el cierre de la Marcha Federal.
Si bien el Congreso había logrado sancionar la Ley de Financiamiento Educativo, Javier Milei la derogó. Esto hizo que los diferentes bloques opositores, entre los que se encontraron Unión por la Patria, Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal, convocaran a una sesión para rechazar el decreto. Sin embargo, las presiones del Ejecutivo logró que diputados claves, que antes habían votado la ley, después apoyaran el decreto que la anuló.