El decreto de necesidad y urgencia (DNU) mediante el que el gobernador, Osvaldo Jaldo, pretende comprar 100 colectivos y cederlos a las líneas interurbanas, rurales y metropolitanas suma reparos en la Legislatura.
Ayer, a las objeciones ya formuladas por Claudio Viña y Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) se sumaron las de Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) y José Macome (La Libertad Avanza).
Puntualmente, Bussi enumeró cuatro puntos clave a debatir en el Poder Legislativo. Como primera medida, el ex senador y ex diputado nacional reprochó que el instrumento no especifique a quiénes (empresarios) se les va a otorgar ese beneficio y cuáles fueron los fundamentos para tal decisión.
“A viva voz, referentes de (la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán) Aetat indicaron que el último aumento otorgado es insuficiente, entonces: ¿Cómo se devolvería en pesos el costo de las unidades? ¿Cuál sería la cuota mensual y en qué tiempo está estipulado para saldar el pago de las unidades? ¿Con la incorporación de estas supuestas 100 unidades, se levantaría habilitación precaria?”, se preguntó Bussi.
El DNU, rubricado el jueves pasado por Jaldo y su gabinete, está enmarcado en la Ley de Emergencia del Transporte, que fue ampliada hasta 2026. Esta normativa de excepción habilita al Gobierno provincial a otorgar subsidios a las prestatarias del sector, a través de Aetat. Cada mes, el PE aporta unos $3.000 millones mensuales a modo de compensación tarifaria.
El DNU exime del proceso de licitación previsto por la normativa, pero aclara que deberá efectuarse un cotejo de precios con al menos tres oferentes. Tampoco consigna el número de coches a adquirir, y especifica que serán transferidos “a título oneroso a las empresas concesionarias (del servicio), conforme a su situación jurídica, económica y financiera, y demás requisitos que se establezcan por vía reglamentaria”.
Según el republicano, hay pocas cosas claras en el decreto. “Estos y otros puntos nos dejan dudas; elevaremos un pedido de informe para poder evaluar esta gran erogación que está por hacer el Ejecutivo”, avisó Bussi. “Tucumán debe ser de las provincias que más emergencias tiene vigentes, y eso indica a las claras que no estamos para nada bien”, agregó.
Según el legislador, el gobernador “debe trabajar para disminuir drásticamente tantas emergencias que lo único que hacen es abrir la billetera sin que nadie le pueda cuestionar nada”. Por último, Bussi cuestionó la compra y lanzó: “Las 100 unidades por ahora las pongo en dudas y espero que no pase lo mismo que pasó con el armamento que se compró a Israel y nunca se supo si se entregaron o no”.
En una línea similar, el referente libertario José Macome expresó su rechazo al DNU. En LA GACETA Central dijo: “No hay que destinar fondos públicos a empresas privadas”. Manifestó que, aunque es necesario encontrar soluciones al problema del transporte, consideró que las empresas deben ser responsables de su propio financiamiento. “Creemos que las empresas tienen sus propias soluciones. Este DNU parece destinado a financiar a las empresas, pero no se debe usar dinero público para ese fin. Las empresas ya cuentan con el beneficio de operar en rutas exclusivas para cumplir con el servicio, así que deberían ocuparse de sus propios costos”, afirmó.
Más cruces
El legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse salió al cruce de sus pares Viña y Berarducci. “En los últimos 12 años, tanto Viña como Berarducci fueron parte de una gestión municipal que no solo fue ineficaz, sino que abandonó por completo un servicio esencial para la población como lo es el transporte de pasajeros. Gestión alfarista totalmente carente de un plan director sobre el transporte público”, arremetió.
Vargas Aignasse cuestionó al ex intendente Germán Alfaro. “Se abandonó completamente la ciudad dejándola inmersa en un caos tanto al tránsito como al transporte en todas sus variantes. Basta con ver el descontrol y la corrupción reinantes durante esa etapa, en materia de taxis y el deterioro absoluto del sistema de transporte público. Caducaron todas las licencias y nunca se les ocurrió ni una propuesta superadora para mejorar la calidad del servicio. El resultado de esa indiferencia es que hoy tenemos una flota con un 70% de antigüedad mayor a 10 años, ineficiente, insegura y que genera constantes quejas”, amplió. Frente a esa inacción, según Vargas Aignasse, la Provincia debe intervenir “para garantizar mínimamente el servicio, el pago de salarios y evitar el despido que afectaría a miles de familias tucumanas”.
“Lo más preocupante es que aquellos que fueron responsables de este deterioro, aquellos que hicieron oídos sordos a las necesidades de la gente durante años, son los mismos que hoy se oponen a cualquier medida que busque revertir este colapso. No solo no proponen soluciones, sino que obstaculizan las que el Gobierno de Osvaldo Jaldo con mucho esfuerzo está impulsando”, afirmó.
“Las unidades serán transferidas a las empresas concesionarias a título oneroso con garantía de prenda y con cesión de subsidios provinciales para mayor seguridad de pago”, acotó. “Es insólito que la oposición no apoye este cambio absoluto, alrededor de 600.000 tucumanos dejarán de viajar como ganado en camión recuperando dignidad, con aire acondicionado y asientos en condiciones y comodidad. La urgencia es innegable”, completó.
Se reúne el oficialismo: Acevedo estará con legisladores del PJ
Los integrantes del bloque oficialista en la Legislatura fueron citados para hoy a las 11 a una reunión, de la que participará también el vicegobernador Miguel Acevedo. La intención de la convocatoria a la bancada que preside Roque Tobías Álvarez es delinear los pasos a seguir, además de aceitar cuestiones de funcionamiento y de dinámica interna. El tratamiento el decreto de necesidad y urgencia firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo para la compra de 100 colectivos y destinarlos al transporte público será el tema que marcará la agenda legislativa de la próxima semana: habrá labor parlamentaria entre los presidentes de bloque y se definirá la fecha de la sesión.
Fuente: La Gaceta