Tucumán tendrá -en principio- una adhesión lisa y llana al régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI), que forma parte de la denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (N° 27.742). La comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura, que preside Carlos Gallia, dio dictamen favorable al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo (PE), que además impulsa la derogación de la Ley 7.879 que prohíbe la minería metalífera. Si bien la oposición avaló el dictamen, consideró que la norma no generará beneficios dado que no se otorgan incentivos locales.
“Sabemos que este régimen a las grandes inversiones, con un piso de U$S 200 millones, son temas importantes para Tucumán, ya que cuenta con varios puntos estratégicos. No sólo es minería y energía, también hay infraestructura y turismo que podría -a futuro- interesar a estas grandes empresas. El RIGI, de alguna manera, lo que viene a dar es un poco de previsibilidad y estabilidad a futuro para aquellas empresas que vengan a invertir en el país, ya que le da una estabilidad de 30 años”, expresó Gallia a la prensa.
La iniciativa de adhesión a la ley nacional (en conformidad a lo dispuesto en su artículo 224) llegó con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad. En los argumentos se indicó que la provincia necesita profundizar su desarrollo económico y social, por lo que es necesario adoptar medidas que promuevan la inversión, el crecimiento y la generación de empleo.
En el artículo 167 de la norma nacional se consigna que el RIGI resultará aplicable a las grandes inversiones en proyectos de los sectores de forestoindustria, turismo, minería, infraestructura, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas que cumplan con los requisitos previstos. En ese sentido, en el proyecto tucumano se consignó que en la provincia existen pedidos de explotación minera en diferentes zonas, pero que están sin avances debido a la ley que prohíbe la actividad minera metalífera en Tucumán en la modalidad a cielo abierto, así como la utilización de cianuro y mercurio en los procesos de producción.
El PE argumentó que desde la década de los 90 la minería asumió compromisos ambientales y logró avances importantes en la materia. A su vez, señaló que el cianuro, que motivó el dictado de la Ley 7.879, no se utiliza en la etapa de explotación minera, sino durante el proceso de separación del mineral. Se remarcó que dicho procedimiento se encuentra regulado por leyes nacionales y normativas internacionales de control ambiental.
Seducir a los inversores
El dictamen fue avalado por Gallia y sus pares oficialistas Francisco Serra, Carlos Najar y Sandra Figueroa; así como los opositores Claudio Viña (Compromiso Tucumán) y Manuel Courel (Cambia Tucumán). El presidente del bloque alfarista señaló que tenía un proyecto más abarcativo, que generaba incentivos locales de gravación tributaria. “La Provincia tiene que ofrecer un incentivo, sino las inversiones irán a otra provincia”, opinó. Courel, por su parte, opinó que si bien la adhesión es algo necesario, no fue suficiente el modo en que se propuso por no sumar un condimento local. “Si querés que vengan inversiones tenés que seducir a los inversores. Tenemos que competir con Salta y Catamarca, que tienen minería. Si seguimos creando regímenes empresa por empresa, vamos mal”, analizó.
Fuente: La Gaceta