A último momento, a raíz de diferencias con sectores de la oposición, el Gobierno cedió y quitó al Banco Nación y sus empresas subsidiarias de la lista de empresas sujetas a privatización del dictamen de la ley de Bases.
La noticia se conoció mientras en el anexo C de la Cámara de Diputados se desarrollaba el plenario de comisiones al cabo del cual los bloques se disponían a firmar los dictámenes.
Algunos sectores de la UCR y de Hacemos Coalición Federal no estaban de acuerdo con autorizar la privatización parcial del Banco Nación. Al no tener los votos garantizados, para evitar una derrota en el recinto, el Poder Ejecutivo cortó por lo sano y decidió remover a ese organismo de la lista.
Además del Banco Nación, quedaron afuera Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursatil, Pellegrini SA.
El artículo 9 del último borrador declara empresas sujetas a privatización parcial únicamente a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT).
“Éstas podrán únicamente: (i) organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin; y (ii) incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social”.
En este artículo estaban englobadas también Banco Nación y las empresas subsidiarias, que finalmente permanecerán en manos del Estado nacional.
La ley Bases también establece la privatización total de Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., e Intercargo SAU, mientras que se propone un esquema de concesión privada para las empresas Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Correo Oficial de la República Argentina S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.
En otro orden, el Poder Ejecutivo también dispuso quitar el articulado el capítulo sobre Defensa de la Competencia, que buscaba reemplazar la Autoridad Nacional de la Competencia por dos estructuras nuevas a crear como la Agencia de Mercados y Competencia y el Tribunal de Defensa de la Competencia.
En medio de la polémica por supuestos acciones de cartelización de empresas prepagas, el Gobierno prefirió no innovar ni quitarle poder de fuego al área de Defensa de la Competencia.