Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados reanudó hoy el análisis del proyecto del Gobierno nacional sobre «ley de lobby», que crea un «régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses», iniciativa que enfrenta un panorama de incertidumbre y que el propio oficialismo viene estirando su tratamiento a raíz de las resistencias que se acumulan en torno a su redacción.
El plan inicial del Gobierno era dictaminar este miércoles e incluir el proyecto en el temario de la sesión prevista para el 24 de junio, en paralelo a la ley de Súper RIGI, pero la propia Casa Rosada avaló ponerle un freno y bajó las expectativas.
La idea de las autoridades era avanzar a máxima velocidad para cumplir el compromiso asumido por el país con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a fin de alinearse a sus recomendaciones sobre integridad pública y lucha contra la corrupción.
Sin embargo, el texto presentado suscitó el rechazo transversal y casi unánime por parte de los expositores de la sociedad civil, colegios profesionales y cámaras empresarias que participaron de la segunda reunión informativa el miércoles pasado, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
En este tercer encuentro, un variopinto arco de organizaciones de la sociedad civil volvió a expresar reparos con las definiciones laxas sobre gestión de intereses, con una redacción tan amplia que no distingue entre el lobby corporativo con simples requerimientos ciudadanos como pedidos de audiencias públicas o de acceso a la información.
También se advirtió que el nuevo esquema impone un esquema burocrático de imposiciones que puede asfixiar operativamente a las entidades alcanzadas por la norma.
Las exposiciones
El director ejecutivo del centro de estudios Fundar, Martín Reydó, planteó una postura sumamente crítica frente al proyecto del Poder Ejecutivo, advirtiendo que tal como está redactado, «todos somos lobistas hasta que se demuestre lo contrario».
Para el representante, la definición actual de «gestión de intereses» pone en la misma bolsa a las actividades de lobby desarrolladas por corporciones económicas y a las actividades de incidencia desarrolladas por otro tipo de organizaciones de la sociedad civil.
Reydó advirtió sobre la excesiva «burocratización» que podría generar en las organizaciones la imposición de reportes trimestrales, al tiempo que cuestionó que la normativa genere un marco de sospecha generalizada.
En tanto, señaló que el texto posee «grandes problemas» estructurales que, lejos de transparentar de forma eficiente, podrían entorpecer el diálogo democrático y la participación ciudadana legítima.
Por su parte, el director de Servicios de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Gustavo Corradini, advirtió que la redacción del proyecto de la ley de lobby es tan amplia y ambigua que no distingue correctamente entre el cabildeo corporativo-financiero tradicional y la participación o requerimientos técnicos de las cámaras empresariales.
Además sostuvo que el marco propuesto por el Gobierno puede poner bajo sospecha de manera injustificada las reuniones habituales entre pymes, cámaras industriales y funcionarios, afectando la elaboración de políticas públicas productivas legítimas.
Al igual que otras agrupaciones, Corradini cuestionó el diseño de las sanciones y multas (que van desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación)-
El representante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Adrián Luna Vázquez, planteó una fuerte preocupación institucional respecto a cómo el proyecto de ley de lobby podría obstaculizar el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades y limitar el accionar de las entidades agropecuarias gremiales.
En tanto, indicó que tal como está la redacción, existe un riesgo de que la normativa termine criminalizando como «intereses oscuros» o lobby corporativo clandestino las mesas de diálogo técnico, los reclamos sectoriales o las propuestas de políticas públicas que las entidades rurales elevan habitualmente a legisladores y funcionarios.
Si bien Vásquez se mostró a favor de avanzar en esquemas que doten de transparencia a los actos del Estado, condicionó el apoyo de la entidad a que el Gobierno acepte profundos cambios en el articulado para no ahogar la libertad de expresión institucional de las asociaciones civiles.
El director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo, argumentó que «la propuesta equipara erróneamente el lobby privado con la defensa del interés público, dificulta la participación ciudadana y burocratiza el funcionamiento de las ONG».
El ex presidente y actual vocal de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC), Carlos Rozen, insistió en la necesidadde que la normativa diferencie el lobby tradicional, «cuyo fin único es influir en decisiones para un beneficio financiero directo», de los marcos internos de compliance de las empresas y ONG, que actúan bajo estándares internacionales de transparencia y prevención de delitos.
Por otra parte, coincidió con otros expositores en que un exceso de exigencias de reportes e inscripciones obligatorias para cualquier tipo de interacción técnica o civil desvirtúa el propósito de la ley.
Al respecto, advirtió que, en lugar de generar verdadera transparencia, esto puede colapsar el sistema con trámites innecesarios, alejando el foco de los verdaderos riesgos de corrupción estatal.
El abogado Sebastián Pilo, asesor estratégico de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA), cuestionó que las regulaciones que incorpora la ley de lobby del Gobierno sobre «intereses foráneos» o la cooperación internacional técnica puedan ser utilizadas para restringir el financiamiento, la asistencia y la labor de las ONG ambientales que litigan o inciden en políticas de preservación.
En tanto, argumentó que la redacción del Poder Ejecutivo tiende a una «participación vigilada», equiparando erróneamente el cabildeo de corporaciones comerciales con la legítima defensa del interés público y los derechos colectivos.
Las claves del proyecto
Con la iniciativa para regular el «lobby», que imita el modelo americano, el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas o intermediarios ante los funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del P6oder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Sin embargo, un variopinto arco de organizaciones advirtió que hay problemas de delimitación en las definiciones conceptuales sobre la gestión de intereses y beneficiarios finales, con una redacción tan amplia que no distingue entre el lobby corporativo con simples requerimientos ciudadanos como pedidos de audiencias públicas o de acceso a la información.
La norma propuesta crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.
Además, los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente de la gestión, y una síntesis de los asuntos abordados.
Los gestores de intereses que incurran en infracciones serán sancionados con multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades como lobistas
Por representación clandestina de intereses extranjeros será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.
La iniciativa también exige también obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, que deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.