El ministro del Interior, Guillermo Francos, llegó al Congreso pasadas las 11:00 y se instaló en el despacho de la presidencia de la Cámara de Diputados para coordinar junto a Martín Menem las negociaciones con los jefes de los bloques aliados Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Cambio Federal), Cristian Ritondo (PRO) y Rodrigo de Loredo (UCR), por la Ley Ómnibus.
Los presidentes de bloques dialoguistas ya pasaron por esa oficina y plantearon nuevas modificaciones a la ley “Bases y puntos de partida para la Libertad de los argentinos” que ya obtuvo la aprobación en general el pasado viernes con 144 votos a favor y 109 en contra. Martín Menem se muestra optimista a poco para retomar el cuarto intermedio y sancionar el proyecto de ley en particular.
Se acercaron posiciones respecto a las facultades delegadas aunque persisten diferencias respecto a las referidas a las reformas administrativas del Estado. No hay acuerdo para eliminar la movilidad jubilatoria, que ya tenía el rechazo opositor pero La Libertad Avanza intenta reflotar en el proyecto.
Mientras que los gobernadores les insisten a sus diputados por la coparticipación del impuesto PAIS. El ministro Francos lo descartó el fin de semana y hasta adelantó un eventual veto del presidente, Javier Milei, si el Congreso insiste con esa modificación.
Francos destacó en los últimos días que “la facultad de veto es presidencial” y que Milei “fue claro” en que no coparticiparía el Impuesto PAIS, contra el reclamo de los gobernadores en compensación por la baja en el Impuesto a las Ganancias. El trasfondo de los reclamos de los jefes provinciales pasa principalmente por la necesidad de encontrar vías que mejoren sus ingresos en momentos en el que Nación insiste con alcanzar el objetivo del equilibrio fiscal y asegura que las cuentas provinciales encabezan la lista de gastos a recortar.
El ministro del Interior ratificó la postura de Casa Rosada: “El Gobierno no acepta coparticipar el Impuesto PAIS, que es muy transitorio, ya que terminará cuando se termine el cepo cambiario”, en declaraciones a radio Rivadavia. Se trata del tributo que se paga cuando se realizan compras de moneda extranjera para ahorro, para pagar servicios en el exterior o para quienes utilicen la tarjeta de crédito o débito para cancelar consumos en divisa extranjera.
Francos dijo que “no se puede generar una carga para el Estado sobre un impuesto que tiene que desaparecer con la eliminación del cepo”, que caso contrario generaría “una obligación de suplantar esos ingresos con otros impuestos” e insistió en que el carácter transitorio del Impuesto País “hace que no sea factible coparticiparlo”.