El 19 de enero, un día antes de viajar a la Cumbre de Davos, Luis Caputo le avisó a Marco Lavagna que el nuevo sistema de medición de precios del Indec -por el que Lavagna trabajaba desde el gobierno anterior- no se iba a implementar. El jefe del Indec se la veía venir: lo había leído en los diarios, aunque decidió esperar a que alguien se lo comunicara. Cuando Caputo lo contactó, ya tenía la respuesta elaborada: le dijo que no estaba dispuesto a avalar el cambio de planes porque eso afectaba su credibilidad y la del instituto y le advirtió que se trataba de un error que costaría muy caro.
El ministro le respondió que era una resolución del propio Milei y que no podía discutirse. “Yo entonces prefiero dar un paso al costado y que ustedes pongan a otra persona en mi lugar”, contestó. El ministro de Economía pudo ir a verlo, o al menos llamarlo, pero prefirió cerrar la conversación como la venían manteniendo, por WhatsApp: le escribió que lo hablaría con el Presidente durante el viaje a Suiza y que le daría una respuesta definitiva a su regreso.
Lavagna también se comunicó con Santiago Caputo, el ejecutor del relato. Frente a ambos, el funcionario exhibió los mismos dos argumentos para explicar por qué se resistía a lo que le pedían desde el Ejecutivo. Uno: que el giro afectaría la confianza en las estadísticas oficiales justo en un momento en que la suba de precios marca un leve repunte y que viene de dar 2,8% en diciembre, el porcentaje más alto desde abril. Dos: que, al contrario de lo que afirman algunos especialistas, el nuevo sistema -que establecía una canasta actualizada que le otorgaba más relevancia a consumos como tarifas, transporte y hasta servicios de streaming- no modificaría drásticamente el registro.
El ahora ex titular del Indec venía haciendo pruebas con los dos sistemas en los últimos meses. En el último medio año, según los técnicos que trabajaban con él, el porcentaje daba casi idéntico. Variaba entre 0,1 y 0,2% por mes, a veces más alto con el nuevo sistema y, otras, más bajo. Milei estaba al tanto, pero no quiso saber nada. Quizá porque, ante una próxima suba en las tarifas de servicio, el sacudón se hubiera sentido y afectado sus planes para este año. El primer mandatario está preso de sus palabras: ha dicho que en agosto la inflación habrá sido exterminada y que empezará con un cero adelante.
Cuando Caputo volvió de Davos le escribió de nuevo a Lavagna y le dijo que aceptaría su renuncia. Acordaron que se quedaría un tiempito más y Lavagna le prometió que se volvería a contactar un día antes de decir adiós oficialmente. Lo hizo el domingo pasado, otra vez por mensaje. Escribió dos textos, muy similares, uno dirigido a Caputo y otro a Milei. Los dos le respondieron de manera cordial.
Pero el lunes, cuando se anunció la renuncia, la polémica se encendió más de lo que al Gobierno le hubiera gustado. Había subestimado el impacto. El enojo de Milei fue en ascenso. Y, cuando el primer mandatario se enoja, surgen, invariablemente, las teorías conspirativas. Entre el lunes y el martes agitó que Lavagna era manejado por Sergio Massa y que todo formaba parte de una movida para perjudicarlo. Hasta dieron detalles grotescos: deslizaron que se había elegido el lunes 2 para la renuncia porque coincidía con el relanzamiento de los programas políticos de TV.
La semana pasada había sido Paolo Rocca. Ahora era Lavagna. Como antes fueron los diputados y senadores, las ratas, según él, que anidan en el Congreso. O antes los gobernadores. O los econochantas. O los sindicalistas. O, cómo no, los periodistas. Los enemigos varían. Lo que no pueden es faltar. No hay gobierno libertario sin enemigos. Si son varios, y emergen a la vez, mejor. El outsider contra todos. Esa es la lógica, aunque el desgaste de la estrategia asoma evidente.
Almas dadivosas repitieron que la culpa era de Massa y de un sistema de poder que se resiste a cambiar. Difícil creer en esa hipótesis. El Gobierno se pegó, solito, por acción u omisión, un tiro en los pies. Fueron el Banco Central y el propio FMI los que avisaron en su momento sobre la puesta en marcha de la nueva metodología para 2026.
En el Gabinete terminaron de dimensionar el efecto con el correr de las horas y se dejó trascender que el trabajo de Lavagna con el nuevo sistema de medición irá directo al tacho de basura. Desde cuentas afines a La Libertad Avanza se arrojaban bombas de humo en las redes para tratar de detener la conversación sobre las sospechas en los cambios en el instituto de estadísticas oficiales.
La Casa Rosada lanzó un anuncio que guardaba bajo siete llaves y que, acaso, estaba pensado para más adelante. La creación de la Oficina de Respuesta Oficial, una copia de la que tiene Donald Trump, que tendría aires de venganza. Estará a cargo de Juan Doe, un ingeniero industrial que sostenía que nunca trabajaría en el Estado y que, después de pensarlo mejor, aceptó que Juan Pablo Carreira, su nombre real, pasara a engrosar la lista de trabajadores pagados con recursos públicos. No está mal, pero la Oficina que comanda ya intentó amedrentar a periodistas por cosas menores que esas. Una opinión, por ejemplo, o una simple pregunta a un entrevistado. Es de esperarse un talento mayor para la crítica.
La Oficina de Respuesta Oficial se presentó en sociedad como “una voz para desmentir operaciones”. Busca condicionar a la prensa, intimidar, crear un clima de sospecha sobre la información que se publica. Un recurso gastado en la Argentina, que por un tiempo sirve para distraer la atención, como esta semana y probablemente las que vendrán, pero que más tarde o más temprano pierde vigor.
A veces, incluso, este tipo de iniciativas se vuelven un búmeran para los gobiernos: los buenos periodistas, en lugar de intimidarse, investigan más, chequean mejor, profundizan su red de vínculos. Si lo sabrá el kirchnerismo: los escándalos de corrupción más grandes, que terminaron con Cristina presa, fueron desnudados por la prensa. Lo mismo que las fotos de las fiestas en Olivos de Alberto Fernández o la denuncia por violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yáñez.
En su afán por enfriar la polémica por los precios, el mileísmo recibió un regalo del cielo también el jueves, cuando Estados Unidos -después de muchos meses de negociaciones- anunció la firma del acuerdo comercial con Argentina. El objetivo es facilitar el intercambio entre ambos países, con reducción de aranceles y barreras para fomentar la inversión, con énfasis en tecnología, energía, minería, carne vacuna y productos agrícolas.
En el entorno de Milei había euforia. Tras el anuncio de Estados Unidos, se vio a un importante funcionario entrar a los gritos por la explanada de la Casa Rosada: ¡Argentina será próspera!, decía. Hay que reconocerle al jefe de Estado la audacia de apostar todas las fichas por Trump cuando ninguno de los dos era presidente. Al decir de un dirigente opositor que viene de reunirse con Axel Kicillof: “Milei tendrá aire mientras Trump respire”.
En ese universo de opositores buscarán voltear el miércoles en el Senado el avance de la reforma laboral. Patricia Bullrich y Martín Menem le prometieron a su líder que el proyecto saldrá sin mayores problemas. Milei insiste con que podría sancionarse sin tocar el artículo resistido por los gobernadores, que deberían aceptar perder fondos de coparticipación por la baja del impuesto a las Ganancias de las empresas. Los mandatarios pelearán hasta el final para que eso no ocurra. Ven margen y hacen bien.
Milei dice que no, pero está dispuesto a una última concesión.
Fuente: Clarín