El apellido Frías Silva tiene peso propio, tanto tradicional como institucional, en la política, el agro y el mundo académico. Sin embargo, un conflicto familiar que durante años se mantuvo soterrado está a punto de estallar en los tribunales penales de Tucumán.
El expediente N° 64127/2015, radicado en el Juzgado de Instrucción Conclusional I, tiene como imputados a José Frías Silva (h), Pablo Tomás Frías Silva y Martín Frías Silva, acusados de defraudación por administración infiel en perjuicio de sus propias hermanas, María e Isabel Frías Silva, accionistas de la empresa Azucarera Justiniano Frías S.A.
El caso, que lleva más de diez años en trámite, se consolidó tras un informe pericial lapidario y una acusación fiscal que habla de una maniobra sistemática: ventas de terrenos a precios ínfimos, ocultamiento de ingresos y vaciamiento de activos por fuera de los balances oficiales.
El conflicto detrás del apellido Frías Silva
Los hechos se remontan a la gestión de la empresa Azucarera Justiniano Frías, una histórica compañía propietaria de miles de hectáreas sobre la Avenida Perón, en Yerba Buena. Esa zona, que en los años 90 aún era rural, se transformó en una de las más cotizadas del mercado inmobiliario de Tucumán. Hoy alberga barrios privados, desarrollos de lujo y loteos premium.
Según la denuncia presentada por María Frías Silva patrocinada por los abogados Fernando Poviña y Fernando Carlos Tomás , el valor de esos terrenos jamás se actualizó en los balances, lo que permitió a los directivos vender lotes por debajo del precio real y apropiarse de las diferencias. Una maniobra que, de acuerdo al informe del perito Agustín Jorrat, habría generado un perjuicio de más de $1.100 millones de pesos (a valores de 2019), y eso solo sobre el 38% de las operaciones auditadas.
La investigación también detectó sociedades paralelas como Cultivos y Cosechas S.A. y Commercity S.A., utilizadas presuntamente para diversificar activos, repartir ganancias sin control y desplazar a accionistas no alineados.
Un apellido vinculado al poder institucional
El caso no solo impacta por el volumen económico, sino por la identidad de los acusados. José Frías Silva (hijo), uno de los principales imputados, es actualmente el presidente de la Fundación Miguel Lillo, una de las instituciones científicas más prestigiosas del norte argentino.
Su hijo, José Frías Silva (nieto), también mencionado en la causa, preside la Sociedad Rural de Tucumán, desde donde ha promovido políticas de defensa del agro y protagonizado negociaciones con funcionarios nacionales. Otra integrante de la familia, Inés Frías Silva, se desempeña como vicepresidenta del Ente Autárquico Tucumán Turismo. Todos ellos aparecen en las estructuras societarias cuestionadas.
La otra cara del caso: violencia patrimonial y de género
La denuncia inicial mutó en algo más que un conflicto empresarial. La querella de María e Isabel Frías Silva planteó que el vaciamiento se dio en un marco de violencia de género estructural, donde las mujeres fueron sistemáticamente excluidas de las decisiones, privadas de información y marginadas del poder real en las empresas familiares.
Esa visión fue recogida por la Justicia Civil. En los expedientes N° 626/14 y 4181/14, el juez a cargo ordenó la intervención judicial de las empresas, la prohibición de innovar sobre fondos societarios y reconoció que la estructura del directorio operó como un mecanismo de exclusión de las mujeres accionistas.
«La estructura formal se convirtió en un instrumento de opresión. Las mujeres fueron desinformadas, no convocadas a asambleas y sus derechos patrimoniales vulnerados«, se lee en uno de los fallos.
El juicio oral que se viene
Con la acusación fiscal ya firme, la causa se encuentra en etapa de control de pruebas. Si no hay dilaciones procesales, el juicio oral podría comenzar en las próximas semanas. Las querellas ya adelantaron que podrían ampliar la acusación bajo la figura de asociación ilícita y violencia de género.
El caso se perfila como uno de los más relevantes de la última década en Tucumán: no solo por el volumen económico en juego, sino porque expone cómo se construyen -y se ocultan- los patrimonios de las familias de poder.
El tribunal tendrá ahora la responsabilidad de resolver si hubo fraude, si se violaron derechos de las accionistas y si detrás de las operaciones societarias había una lógica de exclusión basada en el género. La pregunta, aún sin respuesta, es si la Justicia tucumana podrá o querrá enfrentarse al poder económico y tradicional local
Fuente: Enterate