El caso de la usurpación de la Reserva Natural de La Angostura tuvo novedades en tres puntos diferentes de la provincia. En El Mollar, en el marco de un fuerte operativo, se destruyó el centro nocturno que se construyó en esas tierras (se informa por separado). En la capital, un grupo de compradores del “Loteo Gaucho Castro” protestaba por la decisión del Gobierno de intentar recuperar las tierras que habían comprado de buena fe. En Monteros, el juez Mario Velázquez firmaba la resolución en la que ordenaba la restitución provisoria de los terrenos usurpados; disponía el desalojo de los ocupantes del proyecto inmobiliario; y ordena al Ministerio Público que profundizara la investigación del caso. Todo en simultáneo.
En octubre pasado, empleados estatales descubrieron que desconocidos estaban ocupando la zona protegida. La Fiscalía de Estado consiguió que una jueza dictara una medida de no innovar para que se detuvieran las tierras y las construcciones que se realizaban. Luego, al haber encontrado numerosos indicios, la fiscal de Estado Gilda Pedicone denunció penalmente por usurpación y estafas reiteradas a Juan Pablo Castro, a cuyo nombre estaba el emprendimiento inmobiliario, y toda persona que pudiera estar involucrada.
El fiscal Miguel Varela tomó el caso y descubrió que efectivamente habría otros sospechosos. En la lista aparecen tres personas vinculadas a la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, repartición que fue eliminada el lunes por un decreto del gobernador Osvaldo Jaldo. Ellos son su ex titular Fernando Rogel Chaler y los empleados Maximiliano Barreiro y Rafael Trujillo. También quedaron en la mira Yanina Mamaní (nuera del último agente estatal) y Damián Romano (nieto político de Castro).
La investigación fue avanzando y el objetivo de la Provincia de recuperar las tierras se fue demorando. Por esa razón, la Fiscalía de Estado a través de su abogado José María Molina realizó un planteo inédito: hizo un pedido de restitución provisoria de la tierra por escrito y no a través de una audiencia. El planteo contó con el apoyo del fiscal Varela, pero ambos presentaron solicitudes diferentes.
Tono pedagógico
El fallo del juez Velázquez es bastante claro y hasta se podría decir que por momentos tuvo tintes pedagógicos. Lo primero que hizo es aceptar el planteo de analizar el caso, generando un antecedente importantísimo ante este tipo de casos. Resolvió ordenar la restitución provisoria de las tierras entendiendo que justamente, al tener carácter de provisoriedad, no atenta contra los derechos de ninguna de las partes hasta tanto se resuelva el conflicto.
El magistrado también aceptó el pedido que había realizado puntualmente el fiscal Varela es que se desaloje a los ocupantes. Les dio 10 días hábiles (dos semanas) para hacerlo, pero con ciertas condiciones. Por ejemplo, sostuvo que las familias que residan allí deben recibir contención de distintas reparticiones del Estado.
Velázquez aportó otra mirada. “De los relevamientos realizados en el lugar en el marco de esta investigación, se puede advertir construcciones inmediatas (a escasos metros) del lago, provocando un riesgo permanente a quedar expuestas a la acción de cotas más altas del espejo de agua, no solo causando un riesgo directo a la preservación del ecosistema, sino a los bienes y a las personas (grupos familiares que pretenden ocupar el lugar)”, sostuvo.
Por último, el magistrado hizo otro pedido. Solicitó a Varela que profundizara la investigación en contra del comisionado de El Mollar Jorge Cruz que aparece mencionado en la causa y que hasta el momento no aparece en la lista de investigados. El gobernador Jaldo sabía de esa situación y dejó en claro que apoya la investigación de ese y cualquier otro funcionario que esté involucrado. (Se informa por separado).
Pedidos
Mientras el magistrado resolvía la cuestión, con el apoyo de la legisladora de la oposición Raquel Nievas, los ocupantes realizaron una especie de petitorio y luego marcharon por la Plaza Independencia. Entre otros puntos solicitaron:
– Una reunión con el gobernador Jaldo para que se respete su condición de compradores de buena fe
– Solicitar que el caso sea tratado por la Corte Suprema de Justicia para que no haya demoras.
– Una investigación sobre los supuestos cambios que se realizaron de los planos para que las tierras que compraron queden dentro de los límites de la Reserva.
– La inmediata libertad de Marcos Bolla, el ocupante al que se le dictó la prisión preventiva por dos meses por haber desobedecido la orden judicial de no seguir construyendo.
– Que también se realice una persecución sobre los otros ocupantes de la Reserva.
Horas después, se enterarían de que el juez Velázquez ya había resuelto el planteo de los acusadores.
“El pedido realizado por la Fiscalía de Estado fue el puntapié inicial para esta restitución, se acreditó los extremos procesales para una medida de esta naturaleza. Debo destacar al fiscal Varela con la celeridad que llevó a cabo su adhesión. Por su parte la resolución jurisdiccional se encuentra ampliamente fundada”, sostuvo Molina que representa a la Provincia en la causa.
“Es una causa compleja con matices que aparecen día a día en la investigación. Hemos aportado evidencias y colaborado con la investigación desde el día uno. Con un impulso activo por parte de esta querella vamos a llegar al fondo de todo esto. Lo único cierto aquí es que el terreno donde se encuentra el emprendimiento es de la Provincia y así debe continuar”, finalizó.
Varela se mantuvo en silencio, ya que al haber finalizado ayer la feria, no está más al frente del expediente. La investigación pasará a manos de su par Mónica García, siempre y cuando no se resuelva que el continúe con la pesquisa.
Fuente: La Gaceta