El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este viernes una medida provisional que prohíbe las apuestas deportivas a través de las «bets» (plataformas digitales) y establece su cierre a partir del 6 de octubre.
El ministro de Hacienda, Dario Durigan, informó en conferencia de prensa en San Pablo al lado de Lula da Silva que los apostadores podrán retirar de manera voluntaria los saldos disponibles hasta las 23:59 del 5 de octubre, mientras que entre el 7 y el 8 de octubre las empresas deberán informar a las instituciones financieras los valores correspondientes a cada cliente y los bancos realizarán las devoluciones entre el 9 y el 14 de octubre.
La medida, que se suscribió a nueve días de la primera vuelta de las elecciones generales en Brasil, fue anunciada la semana anterior por el mandatario brasileño, quien fustigó a las empresas de apuestas por generar endeudamiento y ludopatía en el seno de las familias.
Por su parte, los principales clubes de fútbol de Brasil protestaron debido a que deberán perder los ingresos por publicidad que reciben de estas plataformas digitales desde 2019. Las «bets» fueron permitidas en 2018, pero estuvieron sin reglamentación hasta 2023.
La medida firmada por Lula rohíbe nuevos contratos de publicidad, propaganda y patrocinio relacionados con las apuestas desde su publicación, mientras que los acuerdos vigentes podrán mantenerse hasta el 5 de octubre, y establece el bloqueo de transferencias bancarias hacia empresas identificadas con actividades vinculadas a las apuestas.
El mercado brasileño de apuestas movió 410.850 millones de reales (unos 79.023 millones de dólares) en el primer semestre de 2026, de acuerdo con la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda.
La ofensiva contra las apuestas se convirtió en uno de los temas de la campaña de reelección de Lula, quien afirmó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes pasado que las plataformas convierten el «vicio de lucro».
Junto con la medida provisional, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que propone convertir en delito la explotación y operación de apuestas de cuota fija, con penas de cuatro a seis años de prisión y multa, además de sanciones de dos a cuatro años para actividades como publicidad, captación de apostadores y determinadas operaciones financieras vinculadas al sector.