Las acciones de la petrolera británica Rockhopper volvían a caer con fuerza este lunes en Londres, en medio de la disputa por el proyecto de explotación Sea Lion en las Islas Malvinas.
Las acciones de Rockhopper Exploration, que mantiene sus planes a pesar de las sanciones anunciadas por el Gobierno argentino y a una cautelar de la Justicia Federal, retrocedían 19,7% este lunes en la bolsa de Londres, mientras aumenta la incertidumbre alrededor del proyecto.
Los papeles de la compañía -socia con la israelí Navitas en Sea Lion- acumulan un fuerte retroceso desde que el gobierno de Javier Milei endureció su posición contra las empresas que participan de la extracción de hidrocarburos en esa zona sin autorización argentina.
Los papeles de Rockhopper ya habían perdido los primeros dos días de octubre alrededor de un 8% en total. Durante septiembre, además, la cotización había retrocedido cerca de 18%.
La empresa británica posee una participación del 35% en Sea Lion, mientras que la israelí Navitas Petroleum controla el 65% restante y está a cargo de la operación. El yacimiento está ubicado en la cuenca situada al norte de las Islas Malvinas.
En medio de la caída de sus acciones, Rockhopper publicó este lunes una actualización oficial sobre la situación del proyecto a partir de un comunicado de su socia y operadora, Navitas Petroleum, a los inversores de la bolsa londinense.
La compañía reconoció que el gobierno argentino continúa avanzando con sanciones contra empresas involucradas en Sea Lion y otras actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas.
En ese contexto, Navitas hizo referencia a la decisión de un contratista relacionado con el proyecto de no realizar trabajos para Sea Lion ni participar de actividades de exploración y producción de petróleo en la zona de Malvinas.
La operadora informó entonces que está tomando medidas para reemplazar a dos contratistas que incumplieron sus compromisos y realizar las modificaciones que sean necesarias para mantener el desarrollo del proyecto.
Pese a esas dificultades, las compañías ratificaron que por el momento no esperan un impacto material adverso sobre Sea Lion y señalaron que continúan trabajando con el respaldo del gobierno británico y de las autoridades de las islas.
Sin embargo, en el mismo comunicado reconocieron que ese escenario podría modificarse. Entre los riesgos mencionaron que se demore o fracase el reemplazo de los dos contratistas, que aparezcan dificultades para realizar los ajustes necesarios o que otras empresas vinculadas con Sea Lion decidan retirarse de las operaciones y no puedan encontrarse sustitutos.
También contemplaron entre los posibles factores adversos una nueva escalada de las medidas adoptadas por el Gobierno argentino, además de eventuales cambios regulatorios o geopolíticos que puedan afectar las evaluaciones jurídicas y comerciales del proyecto.
Las petroleras mantienen el plan para comenzar a perforar en 2027
A pesar del conflicto, Rockhopper y Navitas ratificaron el cronograma previsto para Sea Lion. El desarrollo está dividido en distintas etapas y contempla comenzar las perforaciones a principios de 2027. La primera fase incluye 11 pozos y apunta a iniciar la producción durante el primer trimestre de 2028, con un volumen de hasta 55.000 barriles diarios.
Rockhopper había ratificado la semana pasada que pretende seguir adelante con el proyecto pese a las medidas de la Argentina: en su informe semestral presentado ante la Bolsa de Londres, la empresa sostuvo que tanto el Reino Unido como las autoridades isleñas consideran las sanciones argentinas “ilegítimas” y sin justificación jurídica.
También admitió que las declaraciones y posteriores medidas tomadas por la administración de Milei contra compañías y personas relacionadas con el sector de hidrocarburos de las islas provocaron una mayor exposición política y mediática del proyecto.
Las sanciones de la Argentina y el frente judicial contra Sea Lion
El Gobierno argentino viene aumentando la presión sobre las empresas involucradas en Sea Lion al considerar que realizan actividades hidrocarburíferas en una zona cuya soberanía está en disputa y sin autorización de la Argentina.
A las sanciones administrativas se sumó además un frente judicial. La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto hizo lugar a una medida cautelar que ordena a Rockhopper y Navitas suspender sus actividades vinculadas con el proyecto.
La resolución surgió a partir de una presentación en la que participaron excombatientes de Malvinas y también exige a las compañías aportar información vinculada con las operaciones previstas.
El Gobierno decidió además llevar la controversia al plano internacional. La Argentina prepara un arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y buscará obtener medidas provisionales que permitan frenar el avance de Sea Lion mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El planteo argentino apunta a que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar intervenga de manera provisoria mientras se constituye el tribunal arbitral encargado de analizar la controversia entre la Argentina y el Reino Unido.
En paralelo, Londres confirmó que las futuras licencias de exploración y explotación de petróleo y gas en las Islas Malvinas deberán contar con autorización del gobierno británico, una decisión comunicada por el Foreign Office al Parlamento.