El Gobierno del Reino Unido confirmó que cualquier nueva licencia para explorar o explotar hidrocarburos en las Islas Malvinas deberá contar con el aval del secretario de Estado de Asuntos Exteriores. La definición quedó formalizada en una respuesta parlamentaria del 1° de octubre y establece que Londres tendrá la última instancia de aprobación sobre los futuros permisos petroleros.
La aclaración fue realizada por Stewart Wood, subsecretario parlamentario de Estado, en respuesta a una consulta presentada por el conservador Colin Moynihan ante la Cámara de los Lores (Cámara Alta). El funcionario explicó que la administración de las islas conserva las competencias regulatorias y ambientales sobre los proyectos, aunque las nuevas licencias necesitan además el consentimiento del secretario de Estado británico.
La misma posición había sido comunicada semanas antes ante la Cámara de los Comunes (Cámara Baja). Según la respuesta oficial, el funcionario británico debe actuar de acuerdo con la legislación vigente en las islas al analizar cada autorización. Al mismo tiempo, Londres aclaró que el régimen de concesiones de petróleo y gas que se aplica en el Reino Unido no rige directamente para las Malvinas.
La intervención del Gobierno británico se da en medio de una disputa que también involucra a la Argentina por la explotación de los recursos naturales del archipiélago. Actualmente, el cargo de secretario de Estado de Asuntos Exteriores está ocupado por Ed Miliband, quien asumió en julio de 2026.
En su respuesta parlamentaria, Wood volvió a defender la posición histórica de Londres sobre los recursos naturales de las islas. El Gobierno británico sostiene que los habitantes del archipiélago tienen derecho a desarrollar esos recursos como parte del principio de autodeterminación, un argumento que la Argentina rechaza en el marco de la disputa de soberanía.
La respuesta oficial no hizo referencias a permisos particulares ni precisó si el secretario de Estado tuvo alguna intervención en las autorizaciones ya otorgadas para el proyecto Sea Lion. También señaló que la administración de las islas siguió sus procedimientos internos, incluido el análisis de impacto ambiental correspondiente.
La ofensiva del Gobierno argentino contra Sea Lion
La confirmación británica se produjo mientras el Ejecutivo argentino profundiza las medidas contra las compañías que participan del desarrollo petrolero en las aguas próximas a las Malvinas.
El 3 de septiembre, el Gobierno anunció nuevas acciones frente al avance del proyecto Sea Lion y posteriormente informó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas.
En paralelo, el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, dictó una medida cautelar para que Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar determinadas actividades relacionadas con el proyecto mientras se tramita una acción preventiva por un eventual daño ambiental y a la soberanía argentina.
El Ejecutivo también reglamentó el régimen de sanciones previsto por la Ley 26.659 para las empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en áreas que el país considera parte de su plataforma continental.
Sea Lion proyecta comenzar a producir en 2028
Sea Lion es uno de los principales proyectos petroleros en desarrollo en las proximidades de las Malvinas. Navitas Petroleum controla el 65% del emprendimiento y es su operador, mientras que Rockhopper Exploration posee el 35% restante.
Las empresas ya tomaron la decisión final de inversión para la primera etapa del desarrollo y proyectan obtener el primer petróleo en marzo de 2028. El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago y utiliza licencias otorgadas con anterioridad.
Precisamente, esa condición diferencia al proyecto de las futuras autorizaciones a las que se refiere la respuesta del Foreign Office. La definición británica establece un requisito para las nuevas licencias, pero no permite determinar qué intervención tuvo el secretario de Estado en los permisos que ya fueron concedidos para Sea Lion.