El Jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Manuel Adorni, se reunió este jueves en Casa Rosada con la flamante ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva y garantizó la continuidad de lo que denominó la «Doctrina Bullrich» que en la práctica se traduce en la represión, sin atenuantes, a cualquier clase de protesta social.
«Continúa la Doctrina Bullrich, continúa el orden en las calles. Fin», celebró Adorni.
La celebrada «Doctrina Bullrich» se caracterizó por intentar evitar, por medio de la violenta y desmedida represión cualquier atisbo de protesta social. El mejor ejemplo de ello puede verse cada miércoles frente al Congreso de la Nación donde los jubilados son víctimas, semana a semana, de la voluntad del gobierno libertario de callar sus reclamos a fuerza de golpes y gases lacrimógenos.
Al jurar el cargo Monteoliva tampoco dejó lugar a dudas sobre el rumbo que adoptará el ministerio de Seguridad tras la salida de la ahora senadora de la Nación, Patricia Bullrich.
Durante la ceremonia en el Salón Blanco de Casa Rosada, Monteoliva destacó que continuará el camino iniciado bajo la doctrina de reglas claras y mano firme y agradeció a Bullrich por el liderazgo.
En un mensaje en redes la flamante ministra aseguró que su gestión buscará fortalecer la formación de las Fuerzas. “No hay desarrollo posible sin seguridad ni libertad sostenible sin orden”, concluyó.
En su debut como ministra de Seguridad de la Nación, Monteoliva expuso este miércoles sobre los lineamientos del Plan Estratégico para Sectores Productivos, una iniciativa del gobierno nacional que apunta a fortalecer la protección de los activos críticos del país con el objetivo de combatir el crecimiento de mercados ilegales en áreas clave para la economía argentina.
«La infraestructura crítica sufre permanentemente amenazas», dijo Monteoliva. Se trata, a criterio de la ministra, de temas de «seguridad nacional» que requieren de un abordaje integral con el objetivo de lograr la desarticulación de organizaciones criminales que operan en perjuicio de compañías privadas, de la sociedad civil y del Estado nacional mediante el desvío de la actividad legal hacia el mercado ilegal de sustanciales montos de dinero.