La situación judicial del secretario de Energía de Tucumán, Martín Viola, se complicó aún más en las últimas horas. Imputado por haber usado presuntamente un DNI denunciado como robado para crear una cuenta digital y publicar comentarios injuriantes contra un funcionario municipal, el funcionario ahora enfrenta un nuevo obstáculo: la parte damnificada rechazó de plano cualquier salida alternativa y reclamó que la causa avance hacia la acusación formal y el juicio.
La posibilidad de que Viola cierre el expediente con disculpas públicas y una reparación económica quedó prácticamente descartada. La parte denunciante sostuvo que esa opción resulta insuficiente frente a la gravedad de los hechos investigados y pidió que el proceso continúe “sin más dilaciones”.
El planteo fue presentado por la abogada Belén Salas, en representación de Julián Echazú Toneatti, quien solicitó que se dé por terminada la instancia de conciliación y que el Ministerio Público Fiscal retome la acusación penal. En el escrito, la defensa del damnificado advirtió que existe una “dilación injustificada” y sostuvo que el imputado mantuvo “silencio absoluto” pese a haberse comprometido a formular una propuesta en el marco de la mediación.
La causa tiene como eje la denuncia contra Viola por la utilización ilegítima del Documento Nacional de Identidad del denunciante, que había sido reportado como extraviado, para abrir una cuenta digital desde la cual se habrían realizado publicaciones ofensivas. La investigación es impulsada por el fiscal federal Agustín Chit, quien reunió pruebas técnicas, bancarias y documentales para reconstruir la presunta maniobra.
El expediente se abrió en agosto de 2025, cuando Echazú Toneatti denunció que había perdido su DNI y que, semanas después, descubrió que su identidad estaba siendo utilizada sin autorización en un entorno digital. El hecho salió a la luz cuando el funcionario Alejandro Sangenis se comunicó con él para preguntarle por comentarios agresivos publicados bajo su nombre, expresiones que el denunciante negó haber escrito.
Entre las pruebas recolectadas, la Fiscalía determinó que la cuenta digital cuestionada fue creada el 2 de junio de 2025 y que la suscripción paga fue abonada con una tarjeta de crédito cuyo titular sería Viola. A eso se sumó un dato que la acusación considera especialmente relevante: tanto el imputado como el denunciante residían en el mismo edificio, una circunstancia que, según la hipótesis fiscal, podría explicar el acceso al documento extraviado.
En ese escenario, el fiscal Chit había promovido una instancia de conciliación al considerar que el delito investigado permitía una salida alternativa. La propuesta contemplaba que el funcionario realizara disculpas públicas en el mismo espacio donde se produjeron los agravios y además efectuara una donación económica como forma de reparación, lo que podía derivar en el cierre del conflicto penal.
Sin embargo, la parte damnificada rechazó esa posibilidad desde el inicio y ahora endureció formalmente su postura. En su presentación, sostuvo que se trata de “soluciones simbólicas que carecen de verdadera entidad reparatoria” y advirtió que aceptar esa vía implicaría enviar “un mensaje devastador para la sociedad”, al permitir que una conducta presuntamente delictiva se cierre sin una respuesta penal efectiva.
El escrito también incorpora un cuestionamiento de fondo sobre el desarrollo del expediente. Allí se señala una “inaceptable asimetría”, en la que el imputado -por su condición de funcionario público- podría beneficiarse de demoras sin consecuencias concretas. En esa línea, la representación del denunciante afirmó que la maniobra provocó una especie de “muerte civil digital”, y sostuvo que el daño ocasionado no se repara con “cortesías formales” ni con una compensación económica.
Con este nuevo planteo, la causa quedó en una etapa decisiva. Ahora será el Ministerio Público Fiscal el que deberá resolver si declara fracasada la conciliación y avanza con la formalización de la acusación, un paso que podría conducir a la elevación a juicio oral. En paralelo, sigue siendo una pieza central del expediente la declaración indagatoria de Viola ante el juez federal Guillermo Díaz Martínez.
Por ahora, todo queda a la espera de que el funcionario presente, tal como se había comprometido, una propuesta concreta. Pero aun si eso ocurriera, la posición de la víctima parece estar definida: no quiere un acuerdo, sino que la Justicia Federal avance hasta las últimas consecuencias.