Dos denuncias por violencia de género activaron el Protocolo de Actuación (ante situaciones de Violencia de Género y Discriminación) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, involucrando a un estudiante con funciones de ayudante de cátedra y consejero estudiantil, y a un trabajador no docente. Estas presentaciones formales desencadenaron de inmediato una ola de asambleas, comunicados institucionales y reclamos colectivos que continúan en pleno desarrollo dentro de la comunidad universitaria.
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) atraviesa una de las crisis institucionales más agudas de los últimos años. Dos denuncias por violencia de género -una contra un estudiante que ejercía funciones de ayudante de cátedra y consejero estudiantil, y otra contra un trabajador no docente- pusieron en marcha el Protocolo de Actuación ante situaciones de Violencia de Género y Discriminación de la universidad y desencadenaron una serie de asambleas, comunicados y reclamos colectivos que continúan en curso.
Según versiones difundidas en el ámbito estudiantil y recogidas en asambleas públicas, el estudiante denunciado habría solicitado a compañeras de la facultad sus credenciales de acceso a correos electrónicos, al Campus Virtual y al sistema SIU, bajo pretextos vinculados a actividades académicas o de representación estudiantil. Con esos datos y con el pedido de “favores”, habría accedido sin autorización a cuentas personales y, desde allí, a fotografías privadas almacenadas en servicios de nube. Las fuentes estudiantiles que tomaron la palabra en las asambleas indicaron que las situaciones denunciadas involucrarían a más de treinta alumnas y que habrían comenzado en 2022.
La Facultad, en un comunicado oficial, recordó que las claves de acceso al Campus Virtual y a los correos electrónicos son personales e intransferibles, y advirtió que «el acceso no autorizado a archivos privados, la invasión a la intimidad y el ciberacoso constituyen conductas graves y son formas de violencia de género» encuadradas en la Ley Olimpia N.° 27.736.
Hasta el cierre de esta nota, no se habían iniciado denuncias penales, aunque las jóvenes afectadas se están organizando para hacerlo según publicaciones en redes sociales
Gabriela González, secretaria de Extensión y responsable del Espacio de Género y Diversidad, confirmó que ambas denuncias están siendo tramitadas y subrayó que un primer acercamiento informal no equivale a una denuncia formal. Desde Asuntos Jurídicos de la UNT, Patricia Gerbán destacó el carácter reservado del procedimiento: «Su tramitación es reservada a los fines de proteger la identidad de las víctimas».
Sin embargo, en las asambleas, varias estudiantes cuestionaron la celeridad del proceso. Sostuvieron que denuncias informales habrían circulado dentro del Centro de Estudiantes desde 2022, sin que se hayan dictado aún medidas de suspensión preventiva. En el caso del no docente, la única medida habría sido un cambio de horario -de turno nocturno a matutino- sin modificación del lugar de trabajo, cuando el protocolo prevé la posibilidad de suspender preventivamente al denunciado por hasta noventa días.
El lunes 18 de mayo, el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CUEFyL) -conducido por La Bolívar MPE- afirmó haber tomado conocimiento de las denuncias «en los últimos días» y sostuvo que el estudiante señalado ya no integra ningún espacio de la organización. Varios testimonios recabados en las asambleas cuestionaron esa versión: afirmaron que la situación habría sido comunicada con anterioridad y que la organización no habría actuado en consecuencia. El comunicado también incluyó el nombre del acusado, una decisión que, según las damnificadas, no fue consultada con ellas y contradijo su posición contraria al escrache público.
El jueves 21, el Ágora recibió una asamblea extraordinaria convocada por estudiantes de Trabajo Social que se extendió rápidamente a Ciencias de la Educación, Comunicación e Inglés, entre otras carreras. Antes de comenzar, un grupo de jóvenes pidió que una persona presente en la asamblea se retira, aduciendo que era un acosador. En ese espacio también se dio a conocer públicamente la segunda denuncia, contra el trabajador no docente.
Se votó la creación de comisiones de Género y Diversidad por carrera y a nivel general, la suspensión preventiva de los denunciados, y que la Facultad se constituya como querellante en un plazo de cinco días hábiles. También se repudió al CUEFyL por su inacción, se exigió la revisión del protocolo institucional y se propuso trabajar en concientización sobre seguridad digital para ingresantes. Se fijó como fecha tentativa el jueves 28 de mayo para una sentada frente a la facultad.
El viernes 22, la carrera de Ciencias de la Educación convocó a una nueva reunión -abierta a toda la facultad- con participación de las propias víctimas. Allí se repitió una escena ya vista: una estudiante pidió que se retire otra persona a quien identificó como acosador, generando nuevamente tensión en el recinto. Ese mismo día circularon en redes sociales flyers con imágenes y datos de los denunciados y de un tercer joven, en un formato de escrache que las víctimas habían pedido expresamente evitar.
En paralelo, y ante las dudas sobre los tiempos institucionales, comenzaron a circular en Facebook mensajes que orientan a las afectadas a recurrir directamente a la justicia penal: la Unidad Fiscal de Género N.° 3 atiende en el teléfono 381-599-1371. Quienes hayan atravesado situaciones de violencia también pueden comunicarse con la línea nacional 144, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, en forma gratuita y confidencial.
El mismo viernes 22, la Facultad y la Federación Universitaria de Tucumán (FUT) se pronunciaron públicamente. La Facultad afirmó que el Espacio de Género y Diversidad intervino «de manera oportuna e inmediata desde el primer momento» y que las acciones fueron iniciadas antes de que la situación tomara estado público. La FUT expresó su «más enérgico repudio», identificó al acusado como integrante de MPE y reafirmó su compromiso con la construcción de espacios universitarios libres de violencia. El domingo 24, la presidenta de La Bolívar y del CUEFyL, Lucía Gastaminza, publicó una carta abierta en la que reconoció: «Hace una semana descubrimos que teníamos un compañero abusador». Pidió perdón a las afectadas y reafirmó su compromiso: «No voy a parar hasta que todo sea como lo soñamos».
Los tres pronunciamientos llegaron luego de días de reclamos estudiantiles por la falta de respuestas, en vísperas de la sentada prevista para el jueves 28 y en un contexto político particular: las elecciones por el Centro de Estudiantes están previstas para el 16 y 17 de junio. En las asambleas, algunas estudiantes recordaron la toma de la facultad de 2013, cuando la comunidad se movilizó ante casos de abuso sexual en zonas cercanas al edificio —señal de que la memoria sobre la violencia de género en ese espacio tiene historia, y que la respuesta organizada tampoco es nueva. /La Gaceta