En menos de un mes, el impuesto PAÍS llegará a su fin. El gravamen estará vigente hasta el 22 de diciembre inclusive y desde ese momento los productos importados dejarán de percibir el recargo de 7,5%, mientras que el llamado dólar tarjeta -para los gastos en bienes y servicios en el exterior- y el dólar solidario -destinado a la compra de moneda extranjera para el ahorro- bajarán 30 puntos sus percepciones impositivas.
Pero la principal inquietud que empezó a circular tiene que ver con qué la recaudación que dejará de recibir el fisco por la eliminación del impuesto, especialmente en un contexto en el que el Ejecutivo asegura que el superávit fiscal es el ancla troncal de su programa económico, y si existen vías para reemplazar esos ingresos.
Es por eso que en el informe de gestión que el jefe de Gabinete presentó ante el Senado, se conocieron algunos detalles más. Por ejemplo, el documento muestra cómo se repartieron los fondos percibidos a través de ese tributo en lo que va del año.
A saber, del total de lo recaudado del impuesto PAIS, el 70% se destina a programas de la ANSES y PAMI, y el 30% restante se reparte entre el FISU (1%), obras de infraestructura (94%) y programas para el fomento al turismo nacional (5%). Esta disposición fue modificada en febrero, ya que antes el FISU -el Fondo de Integración Socio Urbana ligado al dirigente Juan Grabios- recibía más dinero.
Ahora, de acuerdo al documento presentado ante el Congreso, hasta el 30 de septiembre, los $5.277.113,8 millones que habían sido recaudados a través del gravamen se repartieron de la siguiente forma:
.Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES): $3.170.888,7 millones.
.Secretaría de Obra Pública: $1.374.487,4 millones.
.Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados: $547.320 millones.
.Fondos fiduciarios: $105.141,6 millones.
.Secretaria Turismo: $79.276,1 millones.
El problema es que, para fines de diciembre, esas partidas dejarán de recibir fondos a través del impuesto País. Es por eso que el Gobierno argumentó que espera que la eliminación del gravamen ayude a reactivar la economía y mejorar los ingresos para sostener el superávit, pero no precisó si esos supuestos nuevos recursos estarán destinados a las mismas partidas que estipulaba el impuesto País.
“El mayor volumen de operaciones de comercio internacional ante la flexibilización de la normativa vigente incrementará los ingresos tributarios, no solo de manera directa ante el incremento de operaciones de importación, sino también de manera indirecta ante la reactivación de la actividad económica local”, explicó el ministerio de Economía en una de las preguntas del informe de jefatura de Gabinete.
El Ejecutivo manifestó, además, sus intenciones de avanzar en una reforma tributaria, aunque sin mayores precisiones sobre ese punto. “Se está efectuando un análisis integral sobre una reforma tributaria que elimine distorsiones y consolide el sendero fiscal iniciado con la Ley N° 27.743 que crea el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social”, mencionó en el documento.
Cuál será el impacto de la eliminación del impuesto País
Tal como explicó TN, la eliminación del impuesto País traerá aparejados una serie de desafíos. En primer lugar, porque el Tesoro perderá una de las principales fuentes de ingresos que le permitió sostener el superávit de las cuentas públicas. Además, sin este tributo se abaratarán las importaciones, por lo que se espera una mayor demanda sobre las reservas del Banco Central.
Pero el principal objetivo que espera el equipo económico es que la reducción de los costos sobre las importaciones derive en una baja en los precios finales de los bienes.
“La primera lectura es que un tipo de cambio tan bajo es todo un desafío para el sector externo, ya que podría profundizar el déficit de cuenta corriente, lo que implicaría una mayor entrada de capitales para financiarlo. Sin embargo, el objetivo del equipo económico serían los precios. Así como la baja de la alícuota del impuesto PAÍS de 17,5% a 7,5% habría impactado sobre el precio de los bienes, el Gobierno intentaría darle un empujón más con esta baja adicional”, analizó PPI.
“En octubre, los precios de los bienes no regulados (el total de los vienes excluyendo combustible y tabaco, dado su alto componente impositivo), desaceleraron desde el ritmo casi constante de 3% que habían mostrado entre junio y septiembre a 1,9%. Al considerar que estos bienes representan un 65,2%, el impacto sobre el IPC sería relevante, aunque un cambio de una vez (no un cambio en la velocidad a la que corren los precios), que podría darse repartido entre diciembre y enero. De esta forma, el gobierno intenta atacar la reducción del ‘costo argentino’, aunque a riesgo de tensionar más las cuentas externas”, concluyó la consultora.