Los investigadores sostienen la hipótesis de que la mercadería de Desarrollo Social secuestrada en Manantial Sur habría sido comercializada por dos al menos dos dirigentes sociales. Pero el relato de un testigo clave en la causa incluyó una arista política en el caso: el posible uso electoral de comestibles destinados a personas en contexto vulnerable.
Los principales implicados en el escándalo, Alberto Felipe López (del Movimiento Provincial Tucumán) y su hijo, Juan Alberto López Cansillieri, seguirán detenidos bajo prisión preventiva en el marco del expediente por el presunto delito de peculado.
“Prohibida su venta”
Esta semana, durante un allanamiento por una denuncia sobre violencia, los agentes de la seccional 15 de la Policía se dieron con un cargamento de comestibles en una vivienda de Manantial Sur. Se estima que había más de 5.200 kilos de productos, entre ellos, cajas de leche con la leyenda “prohibida su venta”. Además, en el inmueble había un cuaderno con anotaciones manuscritas que hacen presumir sobre la venta de al menos parte de esa comida; por ejemplo, un listado que enumera fardos de fideos, yerba mate, harina, puré de tomate y otros alimentos, por más de $220.000. En esa hoja, además, se menciona un comercio que estaría situado en la zona del vecindario.
En ese operativo, se secuestró también un remito a nombre de Alberto Felipe López por la entrega de 216 módulos alimentarios por parte de Desarrollo Social, a través de la firma de logística Hacha de Piedra.
Pero este no fue el único indicio considerado en la pesquisa que tramita la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPF, con la actuación del juez Alejandro Javier Tomas. Tal como había dicho el jefe de Policía, Joaquín Girvau, fue relevante lo aportado por los vecinos. Uno de ellos, incluso, aceptó contar los movimientos que observaba en ese sector del barrio desde al menos 2018.
Según esta persona, cuyos datos se mantienen en reserva, era recurrente que llegaran camiones a tres viviendas de ese sector de Manantial Sur. Estos inmuebles fueron luego allanados por la Policía, y los investigadores se incautaron de celulares, de documentación y de otros elementos que también podrían aportar datos relevantes para el caso.
El testimonio no sólo brinda pautas sobre cómo habría sido la logística relacionada los módulos alimentarios que otorga el Ministerio de Desarrollo Social por medio de organizaciones territoriales. Además, alude al posible uso clientelar de los productos.
En la antesala a los comicios provinciales de 2023, narró esta persona, al lugar llegaron “camiones más acoplados”. Y dijo que, en ese momento, se relacionó el arribo de más mercadería “que se le iba a entregar a personas que estaban anotadas en una planilla por la votación”. Y agregó que incluso se había registrado la situación de personas ajenas al barrio haciendo fila para retirar productos. Pero no identificó, al menos en este relato, qué partido o “acople” habría llevado adelante estas actividades.
En ese sentido, ni López ni su hijo fueron candidatos en las elecciones pasadas. De todos modos, en las redes sociales sí aparecen en reuniones o actividades con distintos referentes políticos.
La fiscalía a cargo de Mariana Rivadeneira, durante la audiencia de formulación de cargos, enumeró diversos elementos en contra de los imputados por el caso de la mercadería, entre ellos, el testimonio de esta persona que dio cuenta del movimiento en el vecindario.
Pero lograr la declaración de otros testigos no será fácil en este proceso. Los propios investigadores advirtieron sobre el hecho de que, en las entrevistas televisivas, los vecinos sólo aceptaban hablar de espaldas a la cámara, tal como se vio en un móvil en vivo de LA GACETA Play.
En simultáneo a las repercusiones judiciales, el escándalo por el secuestro de mercadería distribuida por Desarrollo Social tuvo derivaciones políticas. Esta semana, Jaldo anunció -junto al ministro de esa cartera, Federico Masso– la eliminación de los intermediarios para la entrega de los módulos alimentarios.
Además de reforzar los controles presenciales en lo inmediato, el objetivo es avanzar en enero con la implementación de una tarjeta que permitirá a los beneficiarios comprar de forma directa los ocho productos incluidos en el módulo que hoy se otorga a través de entidades de labor territorial.
Fuente: La Gaceta