«No rechazaremos a nadie que quiera aportar a la construcción del cambio» dijo Javier Milei a poco de comenzar su discurso por la firma del Pacto de Mayo, en el que mostró un tono conciliador e incluso invitó a sumarse a aquellos que «por sus anteojeras ideológicas» no viajaron a Tucumán. Pero esa supuesta apertura del diálogo político, que en Casa Rosada buscan tenga su cenit con el próximo Consejo de Mayo, parecería tener un límite. Se trata de dirigentes del kirchnerismo duro y de la izquierda que, según el tamiz oficial, intentan «obstruir la gestión» para forzar un «fracaso» del Gobierno y difícilmente cambien su mirada.
Es que el pronunciamiento del Presidente en la fría noche tucumana lo había mostrado exultante e incluso con una clara intención de convocar a sectores de la oposición que vienen cuestionando la marcha de gobierno o con los que no tienen afinidades ideológicas quienes, conjeturó, podrían encontrar «la redención» si desearan sumarse a la concreción de las diez políticas de Estado del Acta de Mayo y otras reformas en estudio.
Pero la realidad, estiman en el entorno presidencial, es más compleja y difícilmente el kirchnerismo y la izquierda se sumen a este debate.«Los que no firmaron están afuera», dijo una fuente oficial consultada, obviando que el santacruceño Claudio Vidal no concurrió a la cita por el feroz temporal que se abate sobre su provincia.
Sí hay acuerdo entre los negociadores del oficialismo en que un sector del peronismo podría sumarse al Consejo de Mayo -en los próximos días saldría el decreto que oficializará su estructura- y ponen como ejemplo que diputados de Unión por la Patria votaron a favor de Ley Bases y que gobernadores que integraron la alianza que llevó como candidato a Sergio Massa, como Raúl Jalil, Gustavo Sáenz o Gerardo Zamora, rubricaron el acta en el templete que albergó hace 208 años a los patriotas de la Independencia.
Este órgano estará conformado por un presidente, integrantes del Poder Ejecutivo, las provincias y delegados de las cámaras de Diputados y Senadores y de organizaciones sindicales y del empresariado. El desafío del Gobierno, con todo, es que no quede como una «mesa» para la foto tal como sucedió durante la administración de Alberto Fernández con el Consejo Económico y Social.
El propio Milei dijo que «estas 10 ideas» no pueden quedarse en lo «declamativo» por eso el Consejo tendrá la tarea de elaborar los anteproyectos que luego serán debatidos por el Congreso.
En Casa Rosada estiman que tendrán prioridad el tratamiento de las reformas en lo laboral, previsional e impositivo. Es que para el oficialismo se trata de temas que contribuyen al cuidado de las cuentas públicas y, al mismo tiempo, a la promoción de la inversión y la actividad.
Otra de las zanahorias que el oficialismo ofrece a los gobernadores, y a los legisladores que les responden en el Parlamento, es el impulso a la obra pública, cuya parálisis ha tenido consecuencias sobre la construcción y otras ramas vinculadas con el consecuente perjuicio para las arcas provinciales.
Si bien el jefe de gabinete, Guillermo Francos, ha rubricado acuerdos para traspaso proyectos a la órbita provincial con una veintena de mandatarios, hay algunos que tendrían una mayor inyección de recursos federales que los ventilados oficialmente. Por caso, uno de los mandatarios que participó de las tertulias previas al acto en la Casa Histórica, en el hotel Sheraton de esa capital, dijo que la construcción de instituciones carcelarias y otras obras en su provincia «serán pagadas en un 70% con plata de Nación y un 30% con la nuestra».
Otros mandatarios, en ocasión de visitar Casa Rosada, también aducían que los fondos federales para tal fin serían superiores a los informados por el gobierno. Las suspicacias versan en que quizás las transferencias a los distritos se realicen bajo otras «denominaciones». Por lo pronto, algunas jurisdicciones comienzan a revertir el freno del gasto: San Juan, por caso, organizará en noviembre una nueva edición de la Fiesta del Sol, que en febrero vio postergada su habitual realización por la falta de financiación. «Va a ser más austera que las que hacía (Sergio) Uñac», se atajan en el gobierno provincial.