“Hemos echado 50 mil empleados públicos. No solo eso, se dieron de baja contratos. Van a caer 70.000 contratos más”, sentenció Javier Milei frente a empresarios en el cierre de la primera jornada del Foro Económico de las Américas, en un hotel de Retiro. La precisión del Presidente, que hizo mención a los contratos de la planta transitoria de la Administración Pública Nacional, que vencen el 31 de marzo, chocó de frente contra los números que barajan en la Casa Rosada, donde hablan de un número cinco veces menor al que informó el mandatario.
En efecto, el jefe de Estado ya había reiterado en numerosas oportunidades que su gestión había despedido 50 mil trabajadores, pero lo cierto es que en diciembre se dejaron caer nada más que los entre 5 mil y 7 mil trabajadores contratados durante 2023 y según los gremios, fueron aún menos.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, fue el primero en contestar al Presidente. «No va a poder despedir 70.000 estatales como a usted le gustaría. Hoy se multiplicaron las protestas en todo el país y la conflictividad en el Estado va a seguir en aumento», señaló el dirigente gremial.
En la misma sintonía se expresó Andrés Rodríguez, del mayoritario UPCN. “El gremio se opone a los despidos masivos. Echar empleados públicos de esta forma es condenar a la gente a la desocupación y el Estado va a recibir planteos judiciales, porque hay derechos laborales adquiridos”, dijo el sindicalista a este diario.
En la intimidad, los gremialistas destacan que las declaraciones del Presidente son nada más para la tribuna. «Si se fueran 70 mil, no quedaría nadie para trabajar en el Estado. Lo mismo pasó con los 50 mil que anunció», señaló un dirigente gremial que pisa fuerte en la CGT.
Al revés de lo que informó Milei, en el Gobierno aseguran que dejarán caer incluso menos contratos que los que temían los gremios, que auguraban una merma que podría alcanzar al 30% (21 mil trabajadores) de la planta transitoria.
En el Gabinete explican que están en revisión el universo de 70 mil trabajadores de planta transitoria pero que los cesanteados al 31 de marzo y como parte de esta primera etapa serán entre 10 y 15 mil, mientras que al resto del personal que no no pertenece a la planta permanente se le renovará el contrato por un plazo de tres meses. De esta manera las bajas representarían el 20% de los empleados contratados a través del artículo 09 (que componen un universo de 65 mil trabajadores) y del de asistencia técnica profesional (6 mil contratos).
De todos modos, en despachos importantes de Balcarce 50 sostienen que el número definitivo y real se conocerá con la liquidación de abril, porque el Estado como empleador no está obligado a comunicar las bajas a través de telegramas, como ocurre en un despido regular.
En los últimos días se multiplicaron comunicaciones por nota o e-mail a trabajadores cuyos contratos no serán renovados. Solo este martes se informaron 106 bajas en el ministerio de Educación, 45 bajas en el de Economía y otras tantas en el de Interior. También hubo bajas en el Instituto Nacional de Discapacidad y en los centros de Referencia de Desarrollo Social.
En Jefatura de Gabinete, que tiene a su cargo la secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, que dejó vacante la semana pasada Armando Guibert y está interinamente ocupada por su segunda, Rosana Reggi, señalan que las precisiones definitivas se conocerán con la liquidación de abril, por lo que podría haber una variación de +/- 5 por ciento.
En en el Gobierno insisten en que cada una de las dependencias tuvo total libertad para evaluar el funcionamiento de los trabajadores transitorios y decidir a quiénes no se les renovaría el contrato.
Sin embargo, además de los trabajadores de la administración pública nacional se cuentan desvinculaciones en decenas de organismos descentralizados, que sí están regulados -en una mayoría- por los convenios colectivos de trabajo y obligados a enviar los correspondientes telegramas de despidos. La semana pasada se contaron 1200 en ANSES, un número similar en PAMI y 86 de administrativos en Conicet.
En ese marco, trabajadores estatales nucleados en ATE postergaron un paro previsto de 48 horas, pero se manifestaron este martes al mediodía frente al Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, quien se refirió a los trabajadores que están en el Estado para hacer negocios.
“No vamos aceptar ni a tolerar ninguna cesantía ilegal ni injustificada como la que intenta el Gobierno. En las próximas horas estaríamos enfrentando potencialmente entre 14 mil y 21 mil despidos. Los únicos que hicieron negocio con el Estado es una banda que integraba el ministro Caputo al que va a echar la movilización popular”, dijo Aguiar a Clarín. No descartan medidas conjuntas con el mayoritario gremio de UPCN, que avaló la paritaria del 8% de marzo.
Ante la falta de información oficial y la proliferación de versiones, los estatales desarrollan por estas horas un monitor para registrar los despidos que ya se hicieron efectivos. El próximo miércoles el gremio de estatales planea ocupar los despachos de la secretaría de Agricultura Familiar, cuyo cierre anunció el Gobierno la semana pasada, pero en la práctica siguió funcionado igual que lo que pasó hasta el momento con el INADI o la Agencia Télam, cuyos trabajadores fueron dispensados.
Expertos en empleo público sostienen que si los trabajadores cesanteados tienen mucha antigüedad en la modalidad de contratación pueden demandar al Estado en el fuero laboral y a título individual o con presentaciones colectivas. Los gremios destacan que ya hay despedidos que renovaron sus contratos durante 5 años.