El Gobierno fijó en 0% la alícuota del derecho de exportación para productos del sector minero, mediante el decreto 563/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo.
La norma también deroga un régimen especial para exportaciones de cobre, que nunca llegó a implementarse.
El Gobierno apuesta al potencial exportador de la minería
La decisión, según los fundamentos del decreto, responde al impacto económico del sector minero, su peso en las exportaciones y su rol estratégico en la transición energética mundial.
En los considerandos, se señala que la minería es el quinto complejo exportador del país y representa, en promedio, el 80% de las exportaciones provinciales en distritos como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca.
La norma subraya que Argentina tiene una brecha significativa de desarrollo en comparación con otras economías mineras de la región, donde el sector representa hasta el 10% del PBI, mientras en el país alcanza apenas el 1,2%.
Por eso, el Ejecutivo considera “necesario generar condiciones para que dicho potencial contribuya a la recuperación económica, se traduzca en nuevos empleos y mayor volumen de exportaciones”.
Retenciones cero y derogación del régimen para el cobre
En línea con su plan de apertura económica, el Gobierno plantea “crear condiciones favorables para la actividad minera y el comercio exterior”, mediante una reducción de la carga impositiva que no comprometa de manera significativa la recaudación y que a la vez permita “fortalecer la capacidad exportadora del país”.
En el anexo del decreto se detalla una amplia lista de productos alcanzados por la alícuota 0%: incluye minerales metalíferos y no metalíferos, rocas de aplicación, piedras preciosas y semipreciosas, combustibles minerales y metales como cobre, estaño, zinc y plomo.
Por otra parte, también deroga el decreto 308/2022, que había creado un “Registro Optativo de Exportaciones de Cobre” como régimen de promoción para ese mineral.
Sin embargo, la normativa nunca fue implementada ni hubo beneficiarios inscriptos. Por eso, el texto aclara que su eliminación “no implica la afectación de derechos adquiridos ni expectativas legítimas por parte de los administrados”.