A cinco años de su sanción, el gobierno de Javier Milei buscará derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos que obligó a las industrias alimenticias a colocar en sus paquetes octógonos negros con advertencias por el exceso de nutrientes críticos. El proyecto ingresó al Senado, donde había sido aprobado casi por unanimidad, y el oficialismo depende de sus aliados y los gobernadores para lograr la marcha atrás.
En un hecho inédito, el proyecto original tuvo como autores a dos mendocinos opositores: la camporista Anabel Fernández Sagasti y el radical Julio Cobos. El Senado lo aprobó en octubre de 2020 con 64 votos afirmativos y 3 en contra: de dos tucumanas (que defendían a la industria azucarera de su provincia) y de la riojana Clara Vega. Diputados la convirtió en ley un año después: en octubre de 2021.
La norma obligó a las empresas de alimentos a colocar los sellos en los paquetes señalando si el producto tiene exceso en azúcares, grasas, sodio o calorías. Además, prohíbe la presencia de celebridades, personajes infantiles o dibujitos animados en los envases de productos que tengan al menos un sello.
Lo cierto es que, tras los recambios legislativos de las últimas elecciones, no quedan prácticamente senadores de ese entonces y las bancadas evitan adelantar una postura. Aseguran que recién entró, que todavía están con otra batería de proyectos, «prioritarios», mandados por el Gobierno y que tienen que analizarlo.
La Libertad Avanza, que no existía cuando la ley se votó, ahora tiene 21 senadores. Necesita de otras 16 voluntades para alcanzar la mayoría necesaria.
La UCR es el bloque aliado más numeroso: tienen 10 miembros. No queda ninguno que haya debatido la norma en 2020, sin embargo, los radicales había votado todos a favor, menos la tucumana Silvia Elías de Pérez que había dicho que la norma «demonizaba injustamente» al azúcar.
Desde la bancada señalaron que el tema «no es una de las prioridades del bloque», que todavía no lo discutieron entre los legisladores pero que sus asesores sí ya lo están trabajando.
El PRO tiene mayor cercanía ideológica y en la votación en Diputados ya se habían dividido a la hora de votar la ley de Etiquetado. Incluso días atrás una diputada había presentado un proyecto para derogar la ley junto a los libertarios. De todas maneras, en el Senado son solo tres en la bancada amarilla y aseguran que no tienen nada definido. «Vamos a estudiarlo y ahí veremos».
La llave -como siempre en el Congreso actual- la tendrán los legisladores de los atomizados bloques federales que responden a los gobernadores y cuyas decisiones dependen de la sintonía -siempre fluctuante- en la que estén con la Casa Rosada.
En lo que todos coinciden es que el Ejecutivo no les transmite cuáles son sus prioridades y los bombardea a proyectos rimbombantes.
Es que en el Senado, sobre todo, se acumularon una batería de proyectos de peso para que Patricia Bullrich, que demostró efectividad, gestione. Entre ellos, la reforma electoral, una mega ley que incluye desde la eliminación de las PASO hasta la sanción de Ficha Limpia, pasando por cambios estructurales a la ley de partidos políticos y su financiamiento.
Pero también están en plena discusión de los más de 70 pliegos judiciales que envió el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques (de hecho se espera que se voten en una sesión la semana que viene); de la Ley de Salud Mental y llegó desde Diputados la Ley Hojarasca, la modificación al Régimen de Zonas Frías que recorta subsidios al gas (un tema sensible para las provincias) y la Rosada les envió también este martes la Ley de Ludopatía.
«No dan respiro. Estamos viendo cómo tratar lo anterior y ya mandan nuevos», dispara un aliado.
El proyecto y sus argumentos
El proyecto de derogación del Etiquetado Frontal anunciado por el jefe de gabinete Manuel Adorni el viernes ingresó al Senado este martes y todavía no fue girado a comisiones, aunque la de Salud es una de las obligadas.
Desde esa comisión aseguraron que todavía no tienen fecha estimada de inicio de debate. «Tiene prioridad la Ley de Salud Mental», aseguraron. Esa norma está en tratamiento hace meses y esperan dictaminarla la semana que viene.
El proyecto presentado en el Congreso -que lleva la firma de Milei, Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones- consta de un único punto: la derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642 conocida como «Ley de Etiquetado».
En los fundamentos el Ejecutivo sentencia que la norma tiene «limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas» que «justifican la revisión integra». Sin embargo, no propone cambios sino directamente la eliminación completa.
«El esquema vigente puede inducir a interpretaciones simplificadas o poco precisas respecto del perfil nutricional integral de determinados alimentos, generando confusión en los consumidores y alejándose de cumplir con los objetivos perseguidos por la propia ley en materia de información clara, adecuada y útil para la adopción de decisiones alimentarias saludables», apunta.
Pero además el oficialismo considera que «el ordenamiento jurídico alimentario nacional ya cuenta con un sistema obligatorio de información nutricional armonizado» con el MERCOSUR y que ese esquema «complementado por las normas vigentes en materia de protección del consumidor, lealtad comercial y rotulado alimentario, garantiza el acceso del consumidor a información nutricional objetiva, estandarizada, verificable y suficiente para la evaluación y comparación de productos alimenticios».
Por otra parte, señalan que en materia de publicidad la ley «implica limitaciones relevantes sobre actividades económicas lícitas y estrategias comerciales de la industria alimentaria».
La oposición, en cambio, considera que el proyecto responde a una postura «ideológica y de mercado» y que es una respuesta al «lobby empresarial», que siempre se opuso a la norma. A su vez, plantean que el Ejecutivo no citó ningún informe con datos precisos sobre cuáles fueron las consecuencias de su implementación para las empresas y el consumo.
Fuente: Clarín