El presidente Javier Milei envió al Congreso su veto a la ley de financiamiento universitario este miércoles 10 de septiembre. La decisión, que se anunció en el Decreto 647/2025 publicado en el Boletín Oficial, cancela la normativa aprobada el 21 de agosto. Más tarde, también ratificó el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica, que implicaba una recomposición salarial, un aumento presupuestario y una asignación prioritaria de insumos críticos para el hospital Garrahan.
Ahora la oposición debe decidir si rechazará los veto en la sesión especial que se realizará el próximo 17 de septiembre en Diputados. Mientras, en el Senado ya habían acordado sesionar el jueves 18 con todos los temas pendientes, y pueden sumar ahí el veto a los ATN, que establece cambios en la partidas a las provincias, si se confirma.
Los legisladores que se oponen al gobierno están estudiando si es conveniente convocar una sesión para la próxima semana, agregando entre los temas a tratar el rechazo al veto. Los bloques más combativos piden ir al recinto lo más rápido posible por la complicada situación que enfrenta el oficialismo tras las elecciones que perdió frente al gobernador Axel Kicillof y la serie de escándalos que dañaron la imagen de Milei, especialmente la denuncia por supuesta corrupción que salpica a su hermana Karina Milei y a los primos Martín y «Lule» Menem.
Este jueves 11 de septiembre, se realizará un encuentro entre los secretarios parlamentarios de los bloques opositores para decidir que hacer.
La Cámara de Diputados había aprobado el proyecto que busca “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina” con 158 votos afirmativos, sin alcanzar los dos tercios, la mayoría especial que los opositores deben conseguir ahora para cancelar el veto presidencial y poder volver a tratar el proyecto inicial.
En esa sesión especial también se habían aprobado el reparto automático con las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que obligaba al Gobierno a ejecutar la totalidad de los fondos a los gobernadores; y la declaración de emergencia en pediatría, que significaba asignar más recursos presupuestarios a los centros médicos y recomponer el salario del personal de salud asistencial y no asistencial, proyectos que también serían vetados por Milei. Sin embargo, hasta ahora el Poder Ejecutivo no envió su rechazo al Congreso. El presidente tiene tiempo hasta el jueves 11 de septiembre para hacerlo.
La ley de financiamiento universitario que vetó el máximo referente de La Libertad Avanza establecía, básicamente, el llamado a paritarias con el objetivo de recomponer los salarios de personal docente y no docente; actualizar los gastos de funcionamiento de casas de estudio y hospitales; y destinar más fondos a becas y actividades académicas.
Milei había rechazado esta propuesta porque, según su punto de vista, tenía un costo económico tan alto que ponía en grave riesgo el superávit fiscal, sostén de todo su plan económico.
Las razones de Javier Milei para vetar la ley de financiamiento universitario
El Gobierno remarca que el proyecto no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, donde se pide que toda ley que autorice gastos no incluidos en el presupuesto debe señalar, de forma directa, las fuentes de donde obtendrá los recursos para lograr ese financiamiento.
El texto señala que las fuentes señaladas son “genéricas” y no determina con claridad de donde se obtendrá ese dinero: “El proyecto de ley, al abordar los recursos destinados a financiar el incremento presupuestario propuesto, lo hace de manera genérica. Establece que dicho financiamiento podrá provenir del aumento de ingresos corrientes recaudados por encima de lo presupuestado o prorrogado, pero no indica qué partidas deberán dejar de financiarse ni cómo se afrontará el gasto en caso de que tales recursos resulten insuficientes”.
Otro argumento del Gobierno para justificar su veto es que, si esta ley se implementa, pondría en riesgo la economía porque “incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto”, lo que provocaría “un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica”, generando “perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables”.
Milei ya había vetado una ley que intentaba incrementar la financiación para las universidades el año pasado, y luego consiguió proteger su medida en Diputados al obtener el tercio de votos que necesitaba.
La respuesta de los sindicatos universitarios al veto presidencial de la ley de financiamiento
Los sindicatos universitarios adelantaron que, como respuesta a la decisión tomada por Milei, realizarán un nuevo paro y cortes de calle en las facultades. Además, cuando el veto sea discutido en el Congreso, se movilizarán hasta allí.
“Hay un importante nivel de visibilización del conflicto universitario, y los legisladores saben que la población apoya mayoritariamente el reclamo”, remarcó Carlos De Feo, secretario general de la CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios). Las universidades ya habían realizado una jornada de paro entre el 1 y el 2 de septiembre para mostrar su rechazo a los recortes presupuestarios realizados por el oficialismo; además, pidieron que se realizarán nuevas paritarias y exigieron presupuesto para becas y comedores.
Qué dice el decreto sobre el veto a la «ley Garrahan»
El veto a la ley de emergencia pediátrica se oficializó por medio de la publicación del Decreto N° 651/2025 en el Boletín Oficial. “
Entre los argumentos está el habitual del Gobierno sobre el sostenimiento del equilibrio fiscal. «La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa», sostiene el documento, que además afirma que el hospital Garrahan «ya tiene su financiamiento garantizado«.