La causa judicial que investiga una presunta organización criminal con ramificaciones en el municipio de Juan Bautista Alberdi dio un giro crucial: la Justicia ordinaria de Tucumán se declaró incompetente y decidió remitir el expediente al fuero federal. Así lo resolvió el juez Fabián Rojas, quien determinó que los delitos imputados, vinculados al tráfico de drogas y al lavado de activos, exceden la jurisdicción provincial. Pese al traspaso, los imputados deberán continuar cumpliendo prisión preventiva.
El expediente se abrió tras la difusión, el pasado 5 de junio, de un audio telefónico entre el empresario Roque “Chipi” Giménez y el entonces intendente de Alberdi, Luis “Pato” Campos. En esa conversación se aludía a un entramado de corrupción con sospechas de narcotráfico, tráfico de menores y maniobras ilícitas con fondos públicos. La filtración desató una serie de actuaciones de oficio por parte del Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía y la Fiscalía Regional del Ministerio Público Fiscal (MPF).
En la primera etapa, el MPF imputó a Giménez por intimidación pública y atentado contra el orden público. Luego, la causa se amplió y se acusó a Pablo Barrionuevo, José Albano Loru, José del Carmen Roldán y José Ignacio Funez por asociación ilícita. Sin embargo, con el avance de la investigación, la fiscal Mónica García de Targa concluyó que los hechos investigados podrían encuadrarse en delitos federales, al superar los alcances del narcomenudeo.
El 27 de junio, el auxiliar de fiscal Bernardo Sassi solicitó que el MPF se apartara de la causa y que el expediente fuera transferido al Juzgado Federal N°2, donde el fiscal Rafael Vehils Ruiz ya había iniciado una investigación por los mismos hechos. Pero el juez Rojas rechazó ese pedido en ese momento, al considerar que la audiencia de prisión preventiva ya estaba en curso y que los imputados habían impugnado la medida.
Días más tarde, el 2 de julio, se celebró una nueva audiencia. El MPF insistió en su planteo de incompetencia, señalando que la duplicación de investigaciones por los mismos delitos podría generar perjuicios procesales. Uno de los ejemplos presentados fue el del imputado Funez, quien aparece como testigo en el expediente federal, lo que complica la recolección de pruebas y su tratamiento jurídico.
Sassi también explicó que parte de la documentación secuestrada por la Justicia federal podría no estar disponible para la causa provincial, lo que dificultaría el acceso a evidencia clave. Además, mencionó que ambas fiscalías comparten una misma hipótesis: que en Alberdi funcionó una organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico, encubierta bajo la fachada de contrataciones de obras públicas.
El 4 de julio, el juez Paul Hofer rechazó los planteos de las defensas para revocar la prisión preventiva. Con eso resuelto, Rojas quedó habilitado para atender nuevamente el pedido de incompetencia, que finalmente aceptó. Dispuso así que todo el expediente sea remitido al Juzgado Federal N°2, a cargo de Rafael Vehils Ruiz, y que los imputados continúen detenidos en el penal de Benjamín Paz.
Rojas fundamentó su resolución en que “los delitos investigados, principalmente el tráfico y comercialización de estupefacientes, superan los supuestos de competencia provincial establecidos por la Ley 26.052”. También citó el Código Procesal Penal tucumano, que establece que en casos de delitos concurrentes de distinta jurisdicción, prevalece la federal.
Con el expediente ahora bajo control de la Fiscalía Federal N°2, se espera que Vehils Ruiz reimpulse su pedido de detención para ex funcionarios y otros involucrados. Entre ellos figuran el ex intendente Luis Campos, el ex secretario de Hacienda José Roldán, la legisladora Sandra Figueroa y el empresario Roque Giménez. El primer intento de detención fue rechazado por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, pero con el nuevo cuerpo probatorio podría haber un cambio de criterio.
De este modo, la causa por presunta asociación ilícita, narcotráfico y lavado de dinero en Juan Bautista Alberdi se encamina a una instancia más compleja, con un impacto político y judicial que aún promete capítulos por revelar. El trasfondo: una trama de poder, drogas y corrupción que podría comprometer a buena parte del entramado institucional de uno de los municipios más sacudidos del sur tucumano.
Fuente: Contexto