Después de la primera gira oficial de funcionarios de Javier Milei para aflojar las tensiones con China, el Gobierno sigue negociando contra reloj la renovación del swap de monedas, que vence en las próximas semanas, y la liberación de fondos para retomar la construcción de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, donde se produjeron más de 2.000 despidos tras la paralización de las obras a fines del año pasado.
Según el último informe contable del Banco Central, Argentina mantenía en sus reservas al 31 de diciembre un swap por el equivalente a US$ 18.400 millones, de los cuales la gestión anterior utilizó US$ 4.900 millones para el pago de importaciones, deuda con bonistas privados y el Fondo Monetario. De ese monto en uso, hay que devolver US$ 2.900 millones en junio y US$ 2.000 millones en julio, cuando hoy las reservas netas siguen en terreno negativo.
Para avanzar en ese capítulo, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, debe enviar una carta a su par chino pidiendo la extensión del plazo, algo que aún no fue confirmado por la entidad ni el Ministerio de Economía. El funcionario, que es la mano derecha del ministro Luis Caputo, participó de la reunión a fines de abril que mantuvo la canciller Diana Mondino y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, con el titular del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, en Beijing.
De esas conversaciones no surgieron señales claras. En una entrevista con la periodista de Clarín María Laura Avignolo, tanto Mondino como Quirno dieron a entender que se va a pagar esa deuda, mientras desde el gobierno señalan que los dichos fueron malinterpretados. China, a su vez, ratificó la necesidad de mantener la cooperación de «ganancias compartidas», «seguir respetándose mutuamente y tratándose en pie de igualdad» y «seguir las reglas del mercado».
Las tensiones escalaron desde que Milei advirtió en campaña que no iba a «hacer negocios con países comunistas» y prosiguieron con la inspección en abril a una base espacial china en Neuquén para verificar si su uso era militar. Sin embargo, el Gobierno flexibilizó su postura al adjudicarle a una empresa china la impresión de los nuevos billetes de $ 20.000, siguiendo el mismo criterio adoptado para imprimir los billetes de $10.000 que ya entraron en circulación.
En ese contexto, el Gobierno también mantiene conversaciones por la parálisis de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz. La unión transitoria (UTE) integrada por China Gezhouba Group y Eling Energía (exElectroingeniería) sigue en tratativas con Enarsa para firmar la Adenda 12 y destrabar un crédito de al menos US$ 500 millones, una suma que había anunciado Sergio Massa en abril de 2023, pero nunca se concretó.
El problema, justamente, fue que esa enmienda nunca se firmó durante la gestión anterior, algo que ahora la gestión de Milei busca resolver. Para ello, la cartera de Caputo debe solicitar una dispensa (waiver) y el pedido del desembolso a los bancos chinos. «Viene habiendo reuniones técnicas para avanzar con adenda 12, hasta que no se firme no se restablece el financiamiento», explicaron fuentes oficiales.
El proyecto iniciado en marzo de 2015 bajo la gestión de Cristina Kirchner debía concluir a principios del 2021, pero se demoró. En 2022, China giró US$ 500 millones, de los cuales US$ 240 millones fueron para devolverle al Tesoro lo utilizado entre 2021 y 2022 y el resto se ejecutó en 2023. En noviembre, la obra se quedó sin fondos y en marzo pasado hubo 2.200 despidos. Así, Argentina recibió US$ 1.800 millones de un crédito total de US$ 4.700 millones.
Todas estos intercambios con China se dan en medio de la negociación de la Argentina con el FMI. Quirno regresó el viernes pasado de la misión que encabezó a Washington para avanzar en la octava revisión del programa. El Fondo ya anunció que el Gobierno sobrecumplió las metas (fiscal, monetaria y de reservas) del primer trimestre y ahora el equipo de Caputo espera la elevación del acuerdo técnico al directorio.
La expectativa es que el organismo difunda en los próximos días ese documento y que luego sea aprobado por los directores, paso clave para obtener un desembolso de US$ 800 millones. El Fondo espera que Caputo avance en cambios monetarios y cambiarios así como en el abandono del dólar exportador en junio y la hoja de ruta para salir al cepo. En julio, por otra parte, hay que pagarle US$ 2.600 millones a los bonistas y más de US$ 600 millones al FMI.