El ex presidente francés Nicolas Sarkozy ingresó este martes por la mañana en la prisión parisina de la Santé para comenzar a cumplir una pena de cinco años por asociación ilícita, impuesta por un tribunal en septiembre.
El ingreso de Sarkozy lo convierte en el primer ex jefe de Estado de Francia encarcelado desde el mariscal Philippe Pétain, al final de la Segunda Guerra Mundial.
Minutos antes de entrar a prisión, el ex mandatario, conocido como «Sarko», denunció en la red social X un «escándalo judicial» y un «viacrucis», asegurando que «encierran a un inocente» y que «la verdad triunfará». Su ingreso se produjo sin esperar el resultado de su recurso de apelación, una decisión que ha generado críticas.
Controversia por el encarcelamiento
El líder conservador fue recibido con gritos de «¡Oh, bienvenido Sarkozy!» por otros presos, mientras que fuera de la cárcel, decenas de simpatizantes lo despidieron con gritos de «¡Nicolas presidente!» y denunciaron un «juicio político».
Para garantizar su seguridad y evitar el contacto con la población penal, el exmandatario ocupará una celda de nueve metros cuadrados en el área de aislamiento, donde planea leer y escribir sobre esta «experiencia tan difícil».
Pese a la condena, Sarkozy podría pasar solo unas semanas tras las rejas. Sus abogados ya solicitaron la libertad condicional, un beneficio que la legislación francesa otorga a los presos mayores de 70 años al momento de pisar la cárcel. La justicia tiene dos meses para resolver la petición. Mientras, tendrá derecho a salir una hora al día al patio y a recibir la visita familiar tres veces por semana.
La condena de Sarkozy
Sarkozy fue condenado por permitir que allegados suyos buscaran fondos en la Libia de Muamar Gadafi (fallecido en 2011) para financiar ilegalmente su victoriosa campaña presidencial de 2007. El tribunal lo sentenció por la «excepcional gravedad de los hechos», aunque no se pudo demostrar que el dinero libio se utilizara «en última instancia».
Este es el último revés judicial para Sarkozy, quien ya cumplió otras condenas con tobillera electrónica por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal.
El encarcelamiento ha exacerbado las tensiones políticas. Si bien seis de cada diez franceses consideran «justa» la decisión, el principal fiscal de Francia, Rémy Heitz, acusó al ministro de Justicia, Gérald Darmanin, de «atentar contra la independencia de los magistrados» por su intención de visitar en prisión a quien fue su mentor político, obligando al presidente Emmanuel Macron a defender la autonomía judicial.